CERMI reclama eliminar barreras a la participación política de personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado sus aportaciones al informe que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad elaborará sobre la participación igualitaria en la vida política, "reafirmando su compromiso firme y continuado con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y con la defensa activa de los derechos políticos del colectivo".

En el documento titulado 'Romper el techo de cristal: participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política', el CERMI ha subrayado que "la participación política es un derecho humano esencial y una condición indispensable para la democracia representativa". "Una sociedad que margina a una parte significativa de su población no puede considerarse plenamente democrática", ha sostenido la organización.

Desde su designación oficial en 2011 como mecanismo independiente de seguimiento de la CDPD en España, el CERMI ha trabajado "intensamente para trasladar las demandas y necesidades de las personas con discapacidad ante los poderes públicos y para promover reformas legislativas que eliminen las barreras a su plena ciudadanía política". Entre los avances destacados figura la reforma electoral de 2018, que restituyó el derecho al voto a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o psicosocial.

No obstante, la organización ha alertado de que persisten "importantes obstáculos estructurales y culturales, como la inaccesibilidad electoral, la subrepresentación en cargos públicos o los estereotipos, que impiden ejercer este derecho en igualdad de condiciones". Asimismo, ha reclamado una atención especial a la situación de las mujeres con discapacidad, que enfrentan "discriminaciones múltiples que las mantienen fuera de los espacios de liderazgo".

El CERMI ha planteado en sus aportaciones una serie de medidas clave para superar estas barreras. En primer lugar, ha considerado "imprescindible garantizar la accesibilidad universal en todos los procesos políticos y electorales".

Asimismo, ha defendido la necesidad de "institucionalizar la participación efectiva de las organizaciones representativas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas". También ha subrayado la importancia de "fomentar el liderazgo político de las personas con discapacidad mediante medidas de acción positiva".

Por último, ha insistido en la "urgencia de acometer reformas legislativas que eliminen cualquier restricción al ejercicio de los derechos políticos".

La organización ha recordado que "el lema del movimiento social de la discapacidad, 'Nada sobre nosotros sin nosotros', debe guiar todas las políticas y decisiones que afecten a este grupo de población". En este sentido, la organización ha destacado la importancia del trabajo conjunto con la Relatora Especial y con los organismos internacionales de derechos humanos para avanzar hacia "sociedades más inclusivas y participativas".

"Garantizar la participación política en igualdad de condiciones significa garantizar el derecho a decidir, a ser escuchado y a influir en el rumbo colectivo. Solo así será posible construir una democracia plena e inclusiva", ha concluido el documento.