El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado este domingo el despliegue de 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas en los estados de Oregón e Illinois durante un plazo de al menos dos meses, pese al rechazo del gobernador de Illinois, JB Pritzker, que ha denunciado lo que ha tachado como "invasión" por parte del presidente Donald Trump.
La movilización ha sido formalizada legalmente a través de un memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, dirigido al ayudante general de la Guardia Nacional de Texas, Thomas Suelzer, a través del gobernador republicano, Gregg Abbott.
"El presidente me ha autorizado a coordinar con usted la movilización de hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas", reza el documento legal, cotejado por Europa Press y que estipula que la orden de movilización "entrará en vigor de inmediato por un período inicial de 60 días, sujeto a prórroga, para realizar misiones de protección federal donde sea necesario, incluyendo las ciudades de Portland y Chicago".
Washington ha justificado la decisión alegando que el inquilino de la Casa Blanca "ha determinado que los incidentes violentos, así como la amenaza creíble de violencia continua, impiden la aplicación de las leyes de Estados Unidos en Illinois, Oregón y otros lugares del país".
El texto, que no especifica la cantidad de efectivos destinados a cada uno de los estados mencionados, sí precisa que "los militares movilizados estarán bajo el mando y control del comandante del Comando Norte de Estados Unidos", Gregory Guillot.
El gobernador de Illinois, por su parte, ha enmarcado la decisión en lo que ha calificado como la "invasión de Trump", afirmando que "no hay razón para que un presidente envíe tropas militares a un estado soberano sin su conocimiento, consentimiento ni cooperación".
"Debemos empezar a llamar a esto por su nombre: la invasión de Trump. Empezó con agentes federales, pronto incluirá el despliegue de miembros federales de la Guardia Nacional de Illinois contra nuestra voluntad, y ahora implicará el envío de tropas militares de otro estado", ha denunciado a través de la red social X.
El gobernador demócrata ha lamentado no haber recibido comunicación alguna por parte del Gobierno federal, bien para discutir o para coordinar tal despliegue, y ha argumentado que los efectivos de la Guardia Nacional "no deben ser utilizados como apoyo político". "Este es un momento en el que todos los estadounidenses deben alzar la voz y ayudar a detener esta locura", ha declarado.
En este sentido, ha exhortado al gobernador de Texas, Gregg Abbott, "a retirar de inmediato su apoyo a esta decisión y a negarse a coordinarla", pero el republicano ha rechazado colaborar con él en este aspecto y ha reconocido haber "autorizado plenamente" al mandatario para emprender el anunciado despliegue.
"Usted puede implementar completamente la protección para los empleados federales o hacerse a un lado y dejar que la Guardia de Texas lo haga", ha respondido Abbott a través de la misma plataforma, en un mensaje en el que ha manifestado que, además, su estado "todavía tiene miles de guardias nacionales ayudando con la seguridad fronteriza".
La medida se ha hecho pública poco después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, haya denunciado el despliegue de centenares de efectivos de la Guardia Nacional californiana en Portland, en el estado de Oregón, pese a que en la víspera un juez federal paralizase la federalización de la Guardia Nacional de dicho estado.
El Pentágono ha confirmado el movimiento con un comunicado si bien ha cifrado en "aproximadamente" 200 los efectivos reasignados de Los Ángeles a Portland, para "apoyar" al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros agentes encargados de la aplicación de la ley.
Por su parte, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ha indicado que "101 miembros de la Guardia Nacional de California, con estatus federal, llegaron a Oregón anoche en avión, y entendemos que hay más en camino hoy" y ha afeado que su Administración "no ha recibido ninguna notificación oficial" de una acción que, ha considerado, "parece tener la intención de eludir el fallo" judicial.
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