La Fiscalía georgiana acusa a varios opositores de intento de golpe de Estado por las protestas postelectorales

La Fiscalía de Georgia ha confirmado este lunes la acusación contra varios dirigentes opositores por delitos de rebelión e intento de derrocar el Gobierno por la convocatoria de las manifestaciones de este sábado en protesta por el supuesto fraude electoral que se habría producido en las elecciones locales ese mismo día.

Las autoridades georgianas han acusado al cantante de ópera Paata Burchuladze, y a Murtaz Zodelava e Irakli Nadiradze --del opositor Movimiento Nacional Unido--, de "movilizar a ciudadanos violentos contra el Gobierno" a través de "llamamientos públicos para cambiar violentamente el orden constitucional".

Asimismo, han sido acusados también junto a Paata Manjgaladze del partido Sí a Europa y al coronel retirado Lasha Beridze de reconocer el mismo día de las elecciones ante los medios de comunicación que ellos mismos estaban organizando y liderando estas movilizaciones.

Todos ellos se enfrentan a penas de hasta nueve años de prisión por estos hechos que se les imputa. Según las autoridades georgianas, las movilizaciones del sábado se saldaron con una veintena de policías y seis manifestantes heridos. El choque más grave tuvo lugar durante un intento por asaltar el Palacio Presidencial.

En la víspera, el primer ministro georgiano, Iraki Kobakhdze, ya advirtió de que los responsables del intento fallido de derrocamiento deberán rendir cuentas ante la Justicia. "Les espera un destino muy difícil conforme a la ley", que "actuará con mucha severidad contra ellos", ha dicho.

La oposición instó a boicotear unas elecciones locales en las que finalmente el oficialista Sueño Georgiano se impuso con algo más del 81 por ciento de los votos, ganando las 64 alcaldías del país. Varias fuerzas de la oposición no han reconocido estos comicios, ni los legislativos de hace un año.

En los últimos meses se han venido produciendo importantes manifestaciones en este país del Cáucaso, después de que el Gobierno decidiera a finales de 2024 paralizar las negociaciones de adhesión hasta 2028, provocando el descontento de una parte de la sociedad que veía en ello un acercamiento a Moscú.