La transición siria arroja esperanza para el cierre de los campamentos vinculados a Estado Islámico

La transición abierta en Siria tras la caída del expresidente Bashar al Assad ha arrojado un cierto clima de optimismo y esperanza a nivel internacional para el cierre definitivo de los campamentos en el noreste del país vinculados a Estado Islámico. Decenas de países, muchos de ellos europeos, observan con cautela estos cambios mientras se multiplican los llamamientos a incrementar las repatriaciones de extranjeros hacia sus países de origen.

Más de 30.000 personas permanecen hacinadas en estos campamentos cercanos a la frontera con Irak y con Turquía desde 2016, de los cuales 8.500 son extranjeros procedentes de 62 países. Según cifras de Naciones Unidas, alrededor del 60 por ciento del total son niños, la mayoría de ellos menores de 12 años.

En estos campamentos conviven numerosas familias que huyeron del grupo yihadista --que proclamó el califato en 2014 desde la mezquita iraquí de Mosul-- y un elevado número de mujeres que quedaron viudas y en situación de desprotección tras la muerte de sus maridos combatientes ante el avance de la coalición internacional en la gobernación siria de Hasaka.

Muchos menores, de hecho, nacieron en estas instalaciones fruto de matrimonios no reconocidos oficialmente, por lo que carecen de documentación legal. Esta condición de apatridia pone en riesgo su acceso a servicios educativos o sanitarios y compromete sus posibilidades de integración social a largo plazo, además de dificultar el proceso de repatriación.

En el noreste de Siria también existen varias prisiones, como la de Alaya o la de Panorama, en las que miles de personas siguen esperando entre rejas a ser juzgadas por sus crímenes. La ONG Amnistía Internacional denunció en abril de 2024 torturas y otras violaciones de Derechos Humanos contra los detenidos, incluyendo menores víctimas de reclutamiento infantil, conocidos como los "cachorros del califato", y mujeres víctimas de matrimonio forzado.

El reciente acuerdo firmado en marzo entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por el comandante Mazlum Abdi, y el nuevo gobierno de transición de Ahmed al Shara para reintegrar a las instituciones autónomas kurdo-árabes en el Estado sirio supone un rayo de esperanza para poner fin a esta situación humanitaria y de seguridad que lleva años estancada.

De hecho, solo en los últimos seis meses, más de 12.000 desplazados han sido repatriados hacia sus distintos países de origen, incluyendo 7.000 ciudadanos de Irak. Bagdad se ha fijado para finales de 2025 el retorno de todos sus nacionales y, hasta la fecha, ha podido trasladar a su territorio a más de 18.800 personas.

Pese a este cierto optimismo, la situación en los campos gestionados por las autoridades kurdas --convertidos en una auténtica olla a presión marcada por los constantes enfrentamientos internos entre los residentes, el hacinamiento y la escasez de alimentos, agua e instalaciones sanitarias-- "sigue siendo grave", según ha denunciado Save the Children en declaraciones a Europa Press.

La citada ONG lamentó en agosto de 2020 la muerte de ocho niños menores de cinco años por insuficiencia cardíaca, hemorragias internas y desnutrición grave. Expertos de la ONU también han denunciado que muchos llevan retenidos años sin cargos en prisiones con servicios sanitarios deficientes y en las que se han detectado incluso brotes de enfermedades como el cólera o la tuberculosis.

LOS RECORTES DE EEUU EN AYUDA EXTERIOR

Desde que el magnate republicano Donald Trump volviera a la Casa Blanca en enero de 2025 tras vencer al demócrata Joe Biden, el Gobierno estadounidense ha implementado una serie de recortes en ayuda exterior que han puesto en jaque las actividades de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El Departamento de Estado ha defendido en declaraciones a Europa Press que "Estados Unidos ha asumido una carga excesiva durante demasiado tiempo" y que la asistencia estadounidense "no puede seguir siendo indefinida". Si bien Washington ha cerrado el grifo a los fondos internacionales, recientemente ha creado un mecanismo dentro del Ejército para acelerar las repatriaciones de sus nacionales y ha instado al resto de países occidentales a vaciar estos campos.

Fuentes familiarizadas con el trabajo de ONG estadounidenses que proporcionan servicios y bienes esenciales a los campamentos han confirmado a Europa Press que su personal tuvo que retirarse tras el anuncio de Trump en enero sobre la suspensión a la ayuda exterior, si bien tres días más tarde pudieron regresar al trabajo con normalidad gracias a una exención concedida por el Gobierno.

Los recortes presupuestarios han afectado además al trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que asumirá a partir de ahora el control del mecanismo de financiación de los campamentos pese a que ha tenido que reducir en un 30 por ciento su personal en todo el país.

FALTA DE MECANISMOS EFICIENTES

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó en septiembre de 2022 que Francia tiene la obligación de repatriar a sus nacionales en virtud del Derecho Internacional tras negarle la entrada al país a dos mujeres francesas que viajaron a Siria en 2014 y 2015 para unirse a las filas de Estado Islámico.

El Gobierno francés ha organizado desde entonces varias repatriaciones desde Siria y ha puesto en marcha un controvertido registro respaldado por expertos en radicalización para supervisar a todos los menores retornados, si bien esta iniciativa ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos por estigmatizar a los niños y etiquetarles como "potenciales terroristas".

Buena parte de los países occidentales --entre ellos Alemania, Bélgica o Reino Unido-- han mostrado reticencias a la hora de llevar a cabo operaciones de repatriación debido precisamente a cuestiones de seguridad nacional, a la falta de mecanismos eficaces para garantizar la rendición de cuentas sobre aquellos que han cometido crímenes y a la dificultad de rehabilitar e integrar a estas personas en la sociedad europea.

Según un informe publicado en 2016 por el Centro Internacional contra el Terrorismo, con sede en La Haya, cerca de 30.000 extranjeros de 104 países, la mayoría de ellos de Oriente Próximo, viajaron a Siria e Irak para combatir junto a Estado Islámico. Alrededor de 4.200 procedían de países de la Unión Europea.

El levantamiento de sanciones a Damasco y el reconocimiento a nivel internacional de las nuevas autoridades sirias ha abierto una ventana de oportunidad para la reconciliación en una Europa que todavía recuerda con dolor los atentados terroristas de París en 2014 y de Bruselas en 2016, pero que ha empezado a entrever la necesidad de poner fin a esta crisis humanitaria en el noreste de Siria.