
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Congreso la modificación de la Ley General de Subvenciones para impedir que aquellas empresas que incumplan la obligación legal de reserva de empleo para personas con discapacidad o hayan sido sancionadas por discriminación o vulneración de sus derechos puedan ser beneficiarias de ayudas públicas.
Así lo ha explicado la entidad, que ha detallado que la propuesta se enmarca en el trámite parlamentario de la proposición de Ley destinada a impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo.
De este modo, el CERMI reclama que acceder a cualquier subvención pública esté condicionado al cumplimiento "estricto y previo" de la normativa legal de acceso al empleo.
Según ha indicado, el cambio propuesto mantiene las causas de exclusión previstas en la normativa, que afectan a empresas condenadas por delitos de corrupción, malversación, fraude, delitos urbanísticos o delitos cometidos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Además, incorpora nuevas causas de exclusión, como las sanciones administrativas muy graves por actos de discriminación, acoso o incumplimiento de la reserva legal de empleo, así como por vulneraciones en materia de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.
El CERMI ha argumentado que, con esta propuesta, busca "garantizar que los recursos públicos no favorezcan a quienes vulneran la legalidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad".
"El acceso a ayudas públicas debe estar reservado a quienes respetan la ley y promueven la inclusión. No puede premiarse con fondos públicos a quienes discriminan o incumplen sus obligaciones sociales", ha asegurado la entidad.
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