
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo con agravante de género y contempla penas de hasta tres años de prisión.
En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de una "ley pionera que viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares, tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas".
Asimismo, ha señalado que la finalidad de este anteproyecto de ley es, en primer lugar, "visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria" y, para ello, se modifican diversas normas: la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Entre los objetivos de este anteproyecto está la definición jurídica de la violencia vicaria, así como establecer su tipificación como delito, articular medidas de prevención y la atención y reparación de las víctimas.
La norma también busca dar cumplimiento a medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y avanzar en el reconocimiento de la protección de las personas mayores de edad con discapacidad que se encuentran en relación de dependencia respecto a la víctima.
En cuanto a la definición jurídica de violencia vicaria, Redondo ha indicado que se ha modificado el artículo 1.4 de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Así ha establecido que la violencia vicaria es "aquella violencia que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre: los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja o anteriores parejas, aunque no exista convivencia".
También se tipifica la violencia vicaria en el Código Penal. Para ello, se incorpora un nuevo artículo 173 bis, como un delito contra la integridad moral y que contempla una pena de prisión de seis meses a tres años. Esta modificación convierte la violencia vicaria en un delito autónomo con agravante de género y sanciones acumuladas.
En esta misma línea, la ministra ha apuntado que también se incorporan penas accesorias como la prohibición de portar armas por un tiempo definido entre los tres años y los cinco años.
Además, se incorpora al Código Penal una nueva pena que consiste en la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido. Redondo se ha referido al libro 'El odio', del escritor Luisgé Martín sobre el caso de José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.
"Afortunadamente, la sociedad acompañó a la víctima. La sociedad en ese momento fue por delante incluso de la ley. Lo que queremos en esta ocasión es que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche que se hizo en aquella ocasión. Y, por otro, lado también queremos adelantar las soluciones", ha recalcado.
En el caso de la obra sobre Bretón, la ministra ha explicado que se planteaba un conflicto de derechos, por un lado la integridad moral de las de la madre y, por otro, la libertad de creación artística. "Para evitar ese conflicto, para evitar que se produzca y que se suscite esa confrontación de derechos, anticipamos la solución con esta ley", ha añadido.
ESCUCHAR A LOS MENORES ANTES DE ACORDAR VISITAS
Asimismo, el anteproyecto también contempla modificaciones en el Código Civil, en concreto del artículo 92.6 sobre el régimen de guardia y custodia, a través del cual se establece la obligación de escuchar en todo caso a los hijas e hijos menores de edad, así como a los mayores con discapacidad, antes de acordar el régimen de guardia y custodia.
Por otro lado, se modifica también el artículo 94 del Código Civil con el objetivo de reforzar la fundamentación a la hora de establecer en la resolución motivada un régimen de visitas, comunicación o estancia cuando el progenitor está incurso en un proceso penal de violencia doméstica o de género.
De la misma manera, Redondo ha avanzado cambios en la Ley orgánica de Protección Jurídica del menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir expresamente la exposición de la persona menor de edad a la violencia vicaria entre los indicadores para considerar una situación de riesgo para la persona menor de edad.
Además, se van a agilizar los procedimientos de patria potestad, modificando el artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de que la patria potestad se tramite por juicio verbal y que pueda acumularse a las acciones de divorcio y medidas provisionales.
UN TOTAL DE 65 NIÑOS ASESINADOS POR VIOLENCIA VICARIA DESDE 2013
La ministra ha recordado que, desde que hay registros, en 2013, un total de 65 niños han sido asesinados por violencia vicaria. Mientras, en 2024, fueron nueve los menores asesinados y tres en lo que va de 2025.
Redondo también ha destacado la importancia de "proteger a las víctimas, pero también concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan absolutamente inconcebibles".
Preguntada por el apoyo del PP, la ministra ha trasladado su deseo a que el anteproyecto se "enriquezca" en el proceso parlamentario y que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo "pueda aportar y pueda mejorar el texto, porque para eso es la tramitación legislativa". "Entonces, estoy segura, ya hay un acuerdo de base y, en ese sentido, mejoraremos. Iremos hacia una legislación todavía más perfeccionada, si me apura, de la que presentamos", ha añadido.
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