La vicepresidenta de Filipinas acusa al TPI de "secuestrar" a su padre, Rodrigo Duterte

Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente Rodrigo Duterte, ha acusado al Tribunal Penal Internacional (TPI) de "secuestrar" a su padre durante un nuevo mitin al que han acudido cientos de seguidores de la influyente familia, que apoyan la idea de que el caso en su contra es un "ajuste de cuentas" organizado por el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr.

Así, ha respaldado la postura de Duterte, que ha asegurado desde La Haya, adonde fue trasladado en marzo después de su detención en Manila, la capital filipina, que lo sucedido es "una caza de brujas". Además, ha acusado a la corte de "sustraer de forma forzosa a su padre de Filipinas" en vez de facilitar que "fuera juzgado" en el país.

"Lo que han hecho es forzarlo a abandonar el país y llevarlo a La Haya con una simple orden de arresto", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que "ni siquiera ha tenido que presentarse ante el tribunal en Filipinas". "Los acusados tienen derechos en este país", ha manifestado.

"Lo que han hecho es secuestrarlo. Es un abuso", ha lamentado, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippine Star', a medida que su familia sigue denunciando la "falta de legitimidad" del proceso abierto en su contra.

Duterte fue arrestado y entregado a la corte en virtud de una orden de detención en su contra por presuntos crímenes contra la humanidad durante la guerra contra las drogas que emprendió durante su mandato, así como durante su alcaldía de Dávao entre 2011 y 2016, y caracterizadas por la extrema brutalidad de las fuerzas de seguridad.

No obstante, la defensa de Duterte ha alegado que el expresidente filipino carece de acceso a un abogado y no es más que el objeto de una serie de medidas puestas en marcha por la actual Administración para "neutralizar" su "legado".

Filipinas, cabe recordar, se incorporó al TPI en noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la corte ha mantenido la competencia respecto de los presuntos crímenes que se habían cometido en Filipinas mientras era Estado Parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.