El paquete legislativo recientemente aprobado establece que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California deberán exhibir su nombre o número de placa de modo visible, y tendrán prohibido el uso de mascarillas, salvo en situaciones donde resulte imprescindible. Según informó la agencia EFE, esta regulación responde a preocupaciones de comunidades migrantes respecto al anonimato de los agentes en operativos, un tema especialmente latente durante el último verano, cuando dichas autoridades federales llevaron a cabo detenciones y deportaciones sin identificarse claramente.
La ley, firmada en Los Ángeles por el gobernador Gavin Newsom, entrará en vigor en enero y busca abordar el “miedo y terror” que, de acuerdo con distintos sectores, generan los procedimientos del ICE en zonas urbanas y educativas. Newsom presentó la “Ley contra la Policía Secreta”, que integra un conjunto de medidas articuladas para limitar el margen de acción de los agentes del ICE, especialmente en espacios como escuelas y hospitales. Según detalló EFE, el propio gobernador manifestó en un comunicado que “Estados Unidos nunca debería ser un país en el que una ‘policía secreta’ enmascarada agarra a la gente en las calles y la tira en furgonetas sin letreros y se va”. El mandatario subrayó que la población tiene derecho a identificar de forma clara a cualquier funcionario implicado en estas operaciones.
De acuerdo con este nuevo marco normativo, para que los agentes puedan ingresar a aulas escolares o salas de emergencias hospitalarias deberán disponer de una orden judicial, un requisito no exigido anteriormente. Además, ante la inminencia de una redada en un centro educativo, las familias afectadas deberán ser notificadas, según detalló el medio EFE. Estas restricciones han sido presentadas como un modo de brindar mayor protección a estudiantes y pacientes, quienes también verán resguardada la confidencialidad de sus datos personales frente a las autoridades federales.
Durante el pasado verano, numerosos agentes del ICE desplegados en California para llevar adelante operativos de arresto y expulsión, en el contexto de las directrices impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump, eludieron la identificación durante sus tareas. Según consignó EFE, tal proceder motivó amplias críticas por parte de organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, quienes advirtieron sobre riesgos éticos y legales ante la falta de transparencia y garantías durante dichos procedimientos.
El paquete legislativo firmado por Newsom no solo apunta al reconocimiento visible de los agentes, sino también a limitar su acceso a espacios considerados sensibles. El medio EFE remarcó que, en el caso de las escuelas, la nueva regulación exige que cualquier intervención de las autoridades migratorias deba contar con la anuencia judicial y la debida comunicación a las familias, con el objetivo de reducir el impacto de las redadas y frenar el clima de incertidumbre y temor entre los estudiantes y sus padres.
En el área sanitaria, la normativa refuerza la protección de la información personal de los pacientes. El acceso de agentes del ICE a salas de emergencia o instalaciones hospitalarias también necesitará una orden judicial previa, y al mismo tiempo, se implementan barreras para salvaguardar expedientes médicos e identidades de los usuarios del sistema de salud. Según reportó EFE, este punto busca prevenir situaciones donde la entrega de datos facilite detenciones que, a juicio de activistas y autoridades estatales, suponen una vulneración de garantías fundamentales.
El texto rubrica un hito, destacándose, según la oficina de Newsom citada por EFE, como la primera ley de este tipo en todo Estados Unidos que explícitamente prohíbe a agentes del ICE operar sin identificarse y utilizando mascarillas de forma sistemática. El comunicado también incluyó alusiones a las políticas migratorias de la administración Trump, marcando distancias en el enfoque entre el gobierno federal y las autoridades estatales californianas.
Organizaciones que abogan por la protección de migrantes y familias de estudiantes celebraron el alcance de la nueva ley, viendo en ella un paso hacia la mayor transparencia gubernamental y el refuerzo de derechos básicos. Las sucesivas redadas llevadas adelante por el ICE en California en los últimos meses habían potenciado el reclamo de mayor regulación respecto a la actuación de los agentes y la defensa de la privacidad de personas pertenecientes a comunidades migrantes.
De acuerdo con EFE, la promulgación de esta ley surgió como respuesta directa al aumento en la frecuencia y visibilidad de las redadas, así como a la percepción de impunidad de los procedimientos implementados por las autoridades federales de inmigración. La firma del texto normativo en Los Ángeles, ciudad emblemática por el número de operativos del ICE, tiene un significado particular y apunta a generar un precedente también para otras entidades federativas en el país.
La nueva normativa exigirá a las autoridades estatales, a instituciones educativas y hospitales, y a las propias fuerzas del orden una adaptación en sus protocolos, afinidad con los criterios de identificación y cumplimiento estricto de los requisitos judiciales para la intervención de agentes migratorios. Según especificó EFE, estas disposiciones buscan fortalecer la confianza en la legalidad de la actuación de los funcionarios y amortiguar el efecto de las acciones judiciales y administrativas desplegadas durante la anterior administración federal.
El impacto de esta reforma se extenderá, según el análisis de EFE, no solo sobre el terreno de los derechos civiles de los migrantes, sino también sobre la relación entre el gobierno estatal de California y las autoridades federales, en un contexto de frecuentes tensiones en torno a la política migratoria y su puesta en práctica en el territorio estadounidense.
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