Once de los 14 deportados a Ghana desde EEUU la semana pasada denuncian su detención en una prisión militar

Las acusaciones de trato inconstitucional y detención sin acceso a tribunales por parte de once personas recientemente trasladadas desde Estados Unidos a Ghana han abierto un proceso judicial en el país africano. El abogado Osagyefo Oliver Barker-Vormawor, a cargo de la defensa, explicó a la BBC que los demandantes permanecen recluidos en una prisión militar desde su llegada y sostiene que ninguno de ellos ha infringido la legislación ghanesa.

Según informó la BBC, estos once individuos forman parte del grupo de catorce personas deportadas la semana pasada desde Estados Unidos a Ghana. La denuncia presentada afirma que los demandantes, entre los que figuran ciudadanos de Nigeria, Togo, Malí, Liberia y Gambia, fueron trasladados el 5 y 6 de septiembre en condiciones de secreto, esposados y llevados en avión sin que, durante el proceso, recibieran una explicación sobre su destino. A su llegada a Ghana, las autoridades les internaron en una instalación militar sin permitirles acceso a un tribunal ni al debido proceso, conforme consignó el sitio Modern Ghana.

La defensa sostuvo ante la Justicia ghanesa que la privación de libertad carece de fundamento legal, ya que vulnera disposiciones constitucionales que garantizan la libertad personal y el derecho a una justicia administrativa adecuada. Además, el abogado expuso que el arresto contraviene el principio internacional de no devolución, que protege a las personas de ser expulsadas a países donde puedan estar en riesgo de persecución, tortura u otros abusos a los derechos humanos. En vías judiciales, la denuncia se dirige contra el fiscal general, el jefe del Estado Mayor y el responsable de los Servicios de Inmigración de Ghana, a quienes responsabilizan por la detención.

De acuerdo con BBC, los trasladados relataron que su salida de centros de detención en suelo estadounidense ocurrió sin previo aviso ni procedimiento legal accesible, lo que, a juicio de su abogado, constituye una violación de garantías fundamentales. El arresto ha sido calificado de ilegal y arbitrario por la defensa, al carecer de justificación bajo la ley nacional e internacional vigente.

El medio Modern Ghana añadió que los abogados insisten en la inconstitucionalidad de la detención y la necesidad de que se permita a los demandantes presentar su caso ante un tribunal independiente. Este grupo solicita la protección de las leyes locales y de los tratados internacionales suscritos por Ghana, que establecen salvaguardias contra la retención arbitraria y el traslado forzoso sin garantías legales.

La raíz de estos hechos se vincula con un acuerdo divulgado públicamente la semana pasada por el presidente de Ghana, John Mahama, quien señaló que el país aceptaría la recepción de ciudadanos de naciones de África occidental deportados desde Estados Unidos. El mandatario informó el arribo de un primer grupo compuesto por catorce personas como muestra del inicio de cumplimiento de dicho pacto.

Según recogió la BBC, la administración estadounidense presidida por Donald Trump endureció sus políticas migratorias luego de su regreso al poder, priorizando acuerdos de deportación con terceros países para acelerar las expulsiones de extranjeros. Estas medidas buscan, además, disuadir la llegada de migrantes a territorio estadounidense.

En un contexto más amplio, a finales de agosto Ruanda confirmó la llegada de los primeros siete migrantes deportados desde Estados Unidos, en el marco de un acuerdo firmado con la Casa Blanca, que prevé el traslado de hasta 250 personas, según recordó la BBC. El modelo se orienta a repartir en países africanos la responsabilidad sobre migrantes originarios de distintos Estados de África occidental.

La denuncia en Ghana pone en cuestión tanto la legalidad de estos acuerdos bilaterales como la situación de quienes resultan afectados por estas políticas. Los demandantes, que alegan haber sido sometidos a trato incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, exigen una revisión judicial de sus casos y la garantía de los derechos fundamentales reconocidos tanto por la constitución ghanesa como por instrumentos del derecho internacional, según consignaron la BBC y Modern Ghana.

La presentación judicial solicita el inmediato acceso a tribunales y el cese de la detención, indicando que la ausencia de revisión judicial contraviene las normas nacionales e internacionales. El seguimiento del caso se mantiene bajo atención de organizaciones de derechos humanos, abogados y medios internacionales.