Washington, 19 sep (EFE).- El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha intensificado el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, marcado por decisiones controvertidas como la cancelación del programa nocturno de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el crimen y el anuncio del presidente, Donald Trump, de declarar al movimiento antifascista como organización terrorista.
La cadena de televisión ABC retiró del aire indefinidamente el programa de Kimmel, uno de los comediantes más reconocidos del país, después de que este acusara a los republicanos de intentar sacar rédito del asesinato, cometido supuestamente por Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años.
"La pandilla MAGA [de las siglas 'Make America Great Again', el movimiento trumpista] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político", dijo Kimmel el lunes.
La cancelación del programa fue celebrada públicamente por Trump, quien declaró durante su visita de Estado al Reino Unido que el programa no fue cancelado por censura, sino por su falta de audiencia.
"Despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Y Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo", dijo el mandatario.
Sin embargo, grandes figuras de la industria televisiva y de Hollywood, así como el gobernador de California, Gavin Newsom, salieron en tromba a expresar su respaldo a Kimmel y a denunciar una estrategia deliberada de censura que pone en peligro la libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución.
Por contra, la fiscal general nombrada por Trump, Pam Bondi, ha declarado que las empresas privadas "deberían deshacerse de personas que digan cosas horribles", en referencia al caso de Charlie Kirk.
De hecho, compañías como la aerolínea American Airlines o la cadena MSNBC han despedido a empleados por sus comentarios sobre el asesinato, y el Departamento de Estado anunció que revocará visados y prohibirá la entrada al país de extranjeros que hayan celebrado la muerte del activista.
Paralelamente, Trump anunció la designación del movimiento antifascista Antifa como grupo terrorista, tras varios días en los que su entorno insistió en atribuir a la "izquierda radical" la responsabilidad de la violencia política en el país.
A través de la plataforma Truth Social, el mandatario republicano advirtió además que las autoridades investigarán a quienes, según él, financian las actividades de Antifa.
Expertos legales advierten que, al tratarse de un movimiento descentralizado sin liderazgo ni estructura formal, su designación plantea serias dudas jurídicas y riesgos para las libertades civiles.
La inclusión de un movimiento interno en la lista de organizaciones terroristas podría facilitar la persecución de opositores políticos y la criminalización de manifestaciones protegidas por la Constitución, advierten.
En paralelo, asesores cercanos como Stephen Miller han intensificado la retórica oficialista al calificar al Partido Demócrata como "una organización doméstica extremista".
Trump llegó al poder el pasado 20 de enero con la promesa de "restaurar la libertad de expresión" ante lo que consideraba la censura impulsada por la Administración anterior de Joe Biden, quien presionó a redes sociales para moderar sus contenidos con el objetivo de combatir la desinformación sobre asuntos como la pandemia de covid-19 o la integridad electoral.
El republicano logró además que Mark Zuckerberg y Elon Musk implementaran cambios en las políticas de Facebook y X para eliminar la verificación de datos y la moderación de contenidos, permitiendo incluso los insultos al colectivo LGTBI.
Diversas organizaciones de derechos humanos y figuras del ámbito cultural y político han expresado preocupación por el creciente clima de hostilidad hacia la disidencia y el periodismo crítico
Trump firmó un decreto en agosto para perseguir penalmente a quienes quemen o profanen la bandera estadounidense durante protestas, a pesar de que la quema de banderas había sido previamente avalada por el Tribunal Supremo como una forma de protesta protegida por la Primera Enmienda.
El mandatario también ha emprendido una ofensiva contra las universidades, con amenazas de recortes en la financiación federal debido a las protestas estudiantiles propalestinas.
Asimismo, ha restringido el acceso de la agencia de noticias Associated Press (AP) a ciertos eventos en la Casa Blanca, debido a la negativa de ese medio a adoptar el término "golfo de América" para referirse al golfo de México, como ordenó el presidente por decreto. EFE
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