La CIJ descarta avances en el caso de Malí contra Argelia si Argel no acepta su jurisdicción

El incidente que involucró el derribo de un dron militar maliense por parte de Argelia cerca de la frontera compartida ha derivado en una escalada diplomática entre ambos países, caracterizada por el cierre mutuo de sus respectivos espacios aéreos y la convocatoria a consultas de los embajadores, en medio de una crisis con potencial impacto sobre la estabilidad en el Sahel. En este contexto, la principal demanda judicial impulsada por el gobierno de transición de Bamako enfrenta un obstáculo fundamental en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya que el organismo condicionó la posible continuidad del proceso a la aceptación explícita de Argel por la jurisdicción del tribunal, según detalló el medio Europa Press.

La CIJ recibió en septiembre la petición de Malí, en la que alegaba vulneraciones de soberanía y espacio aéreo, así como el reclamo de que Argelia habría realizado acciones que amenaza la seguridad y la paz en la región, vinculando estos hechos con la presunta exportación y patrocinio de terrorismo en el Sahel, de acuerdo con información divulgada por Europa Press. Bamako fundamentó su planteo en la supuesta falta de respuesta argelina a las solicitudes formales para que se aporten pruebas concluyentes sobre la acusación de que el dron maliense habría invadido el espacio aéreo de Argelia, hecho esgrimido oficialmente como justificación para el derribo del aparato.

El tribunal de Naciones Unidas puntualizó en un comunicado que, conforme al artículo 38 del quinto párrafo de su normativa, la petición fue notificada a Argelia. Sin embargo, la CIJ especificó que "no se tomarán medidas a menos que Argelia consienta y reconozca la jurisdicción del tribunal en este caso", remarcó la entidad, citada por Europa Press. Esta circunstancia surge pese a la membresía automática de Argelia en el Estatuto de la CIJ en tanto Estado miembro de la ONU, dado que esa pertenencia no implica una aceptación general o incondicional de la jurisdicción de la corte en casos individuales.

El conflicto diplomático adquirió mayor relieve por la rápida reacción de ambas partes después del citado incidente: las autoridades argelinas decidieron cerrar su espacio aéreo a vuelos procedentes de Malí, a lo que el gobierno maliense respondió con la misma medida, según recopila Europa Press. Estas acciones llevaron a un distanciamiento oficial que incluyó el llamado a consultas de los respectivos embajadores, mostrando un deterioro de las relaciones bilaterales en una zona históricamente frágil y afectada por numerosas tensiones políticas y de seguridad.

La raíz del desencuentro se encuentra en la interpretación contradictoria de los hechos por parte de los dos Estados: Argelia sostiene que el dron maliense transgredió su espacio aéreo sin autorización, mientras que la parte maliense rechaza esta acusación y solicita transparencia mediante la entrega de pruebas que, hasta la fecha, según el relato oficial de Bamako, no habrían sido remitidas por Argel. Malí plantea además el contexto regional como agravante, poniendo el foco sobre su preocupación relativa al papel de Argelia en la desestabilización del Sahel, según reiteró en su escrito ante la CIJ.

El Sahel registra actualmente una situación marcada por la violencia armada y el auge de grupos terroristas, lo que convierte cada episodio de tensión interestatal en un factor de riesgo adicional para la seguridad colectiva, como destaca la cobertura de Europa Press. Las acciones diplomáticas y judiciales de Malí se inscriben en ese marco general de preocupación, ligando el incidente del dron a la necesidad de limitar la presunta influencia de patrocinadores de terrorismo, de acuerdo con los argumentos del gobierno de transición.

A nivel judicial, la posición de Argelia resulta determinante para el avance del caso: pese a su pertenencia a la Organización de Naciones Unidas y, en consecuencia, su vinculación al Estatuto de la CIJ, Argelia mantiene la prerrogativa de rechazar la jurisdicción de la corte para denuncias específicas, detalla Europa Press. La CIJ, en cumplimiento de sus procedimientos, ha informado a Argel de la demanda de Malí, pero hasta que la autoridad competente en Argelia acepte explícitamente someterse a ese foro, el tribunal se abstendrá de tomar cualquier medida adicional.

Europa Press puntualizó que esta dinámica ralentiza cualquier intento de resolución formal en el ámbito internacional y añade incertidumbre al proceso de normalización entre Bamako y Argel. El intercambio de cierres aéreos y la retirada temporal de embajadores refuerzan la percepción de distancia y conflicto en las relaciones bilaterales, en medio de un entorno regional que agrava sus propios problemas de seguridad y gobernabilidad.

La denuncia de Malí ante la CIJ incluía exigencias orientadas a impedir que "los Estados patrocinadores y exportadores del terrorismo en el Sahel sigan siendo una amenaza para la paz y la seguridad regionales", recogió Europa Press. Esa dimensión de la acusación conecta el incidente puntual con tendencias más amplias de inestabilidad y rivalidad geopolítica en África Occidental, donde la cooperación y el entendimiento bilateral frecuentemente se ven condicionados por sospechas cruzadas y la acción de actores armados no estatales. Estos factores contribuyen a consolidar una situación en la que, de no registrarse avances hacia una solución judicial respaldada por ambas partes, los litigios corren el riesgo de perpetuar el clima de tensión en la región.