Un juez de EEUU ordena la deportación a Siria o Argelia del activista propalestino Mahmoud Khalil

En medio del proceso judicial, Mahmoud Khalil, activista propalestino y graduado por la Universidad de Columbia, presentó en julio una demanda contra la Administración de Donald Trump. Exige una compensación de 20 millones de dólares (algo más de 17 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios a raíz de lo que califica como “arresto inconstitucional e ilegal”, al tiempo que ha manifestado estar dispuesto a aceptar una disculpa oficial, resaltando que su intención no es enriquecerse. Esta demanda se produce tras la decisión de la magistrada Jamee Comans de ordenar la deportación de Khalil a Siria o Argelia por supuestas irregularidades migratorias, según informó la cadena de televisión NBC.

De acuerdo con la información recogida por NBC y otros documentos judiciales presentados por la defensa del activista, la jueza de inmigración en el estado de Luisiana fundamentó el fallo en la omisión de información relevante en la solicitud de la tarjeta de residencia legal (green card) por parte de Khalil. Esta tarjeta permite a extranjeros residir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos. El dictamen judicial asegura que Khalil “tergiversó deliberadamente hechos sustanciales con el único propósito de eludir el proceso de inmigración y reducir la probabilidad de que sus solicitudes fueran denegadas”, según señala la documentación remitida a instancias federales y reproducida por NBC.

La defensa del activista, que ya ha recurrido la orden esta semana, ha criticado la resolución, denunciando irregularidades en el procedimiento. Los abogados de Khalil argumentan que no se llevó a cabo una audiencia sobre las pruebas y alegan que su representado no tuvo acceso a un debido proceso. El medio NBC detalló que, mientras tanto, una orden judicial separada en un tribunal federal de Nueva Jersey mantiene bloqueada la deportación, lo que añade un nuevo elemento de incertidumbre sobre el futuro inmediato de Khalil, residente permanente en Estados Unidos y cuyo entorno familiar incluye esposa e hijos con nacionalidad estadounidense.

Khalil ha declarado tras conocer el fallo que “no me sorprende que la Administración (del presidente, Donald) Trump siga tomando represalias contra mí por ejercer mi libertad de expresión. Su último intento, a través de un tribunal de inmigración irregular, expone una vez más su verdadera naturaleza”. Añadió también: “Cuando su primer intento de deportarme estaba a punto de fracasar, recurrieron a inventar acusaciones infundadas y ridículas para silenciarme por alzar la voz y apoyar firmemente a Palestina, exigiendo el fin del genocidio en curso”. Asimismo, el activista afirmó: “Estas tácticas fascistas nunca me disuadirán de seguir abogando por la liberación de mi pueblo”. Las declaraciones, recogidas por la cadena NBC, evidencian la dimensión política y personal que toma el caso.

El activista permaneció más de tres meses detenido en un centro de reclusión de Luisiana. Según publicó la cadena NBC, las autoridades estadounidenses lo acusaron de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el contexto de las protestas contra la ofensiva militar israelí en Gaza, realizándose parte de esas movilizaciones en campus universitarios estadounidenses. La detención de Khalil formó parte de un contexto de represión de las protestas dentro de Estados Unidos vinculadas a la situación en la Franja de Gaza.

NBC señaló también que la orden de Jamee Comans rechaza la posibilidad de exención de deportación para Khalil, lo que elimina su opción de permanecer en Estados Unidos bajo la legislación migratoria actual. La gravedad de su caso está marcada por el hecho de que la decisión judicial se adoptó mientras todavía existe, simultáneamente, una disposición federal que impide su expulsión del país, lo que refuerza la complejidad legal que enfrenta el activista.

Desde el entorno de Khalil, los abogados han señalado además que la acusación de omisión de información en la documentación para la residencia permanente constituye, según ellos, una represalia por su conocida posición pública a favor de Palestina y sus declaraciones en contra de la actuación israelí en Gaza. El activista se ha convertido en una figura relevante para aquellos sectores que denuncian restricciones a la libertad de expresión en Estados Unidos, especialmente en lo referente a la causa palestina y a la organización de protestas en entornos universitarios.

Durante el tiempo que permaneció detenido y tras su liberación, Khalil ha denunciado que su caso se inserta dentro de un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y de vigilancia a activistas propalestinos en territorio estadounidense, según reportó NBC. Además, el medio estadounidense ha explicado que la demanda presentada en julio contra la Administración de Trump añade una dimensión legal paralela al proceso migratorio, en la que el activista sostiene que fue objeto de detención arbitraria y sin las garantías procesales debidas, lo que configura lo que califica como un arresto “inconstitucional e ilegal”.

El caso de Mahmoud Khalil y la cobertura que le ha dado la cadena NBC han puesto de relieve el debate sobre la relación entre la libertad de expresión, la acción política y el uso de mecanismos migratorios en contextos de disidencia política, particularmente entre quienes realizan manifestaciones públicas a favor de causas internacionales. La evolución del proceso y los distintos pronunciamientos judiciales continúan definiendo el destino migratorio y legal de Khalil en Estados Unidos.