
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que aprueban la concesión directa de cinco millones de euros para financiar proyectos locales que impulsen la inclusión sociolaboral de la población más vulnerable de Doñana y acciones de sensibilización entre la población inmigrante --los temporeros de los asentamientos---.
La inversión se encuadra en el Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La contribución de Inclusión y Migraciones se concreta en tres actuaciones de la línea 13, dotadas con cinco millones de euros en 2025, a los que se les sumarán otros 14 millones adicionales en los años 2026 y 2027, ha indicado el Gobierno.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que esta medida supone un avance en el Marco de Actuaciones del ministerio, "clave para recuperar el parque nacional, incorporando también a quienes desarrollan su actividad económica en torno a él".
La ministra Elma Saiz ha asegurado, en la rueda de prensa, que "es una medida imprescindible para armonizar la protección del medio ambiente con medidas de inclusión social que mejoren las condiciones de vida de la población local y temporera que reside en este espacio natural".
Estos Reales Decretos son fruto del diálogo y la colaboración con los 14 municipios del entorno de Doñana --Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa-- y la Oficina Técnica de Doñana tras la firma, el pasado 18 de junio en Sevilla, de los respectivos protocolos de colaboración con cada entidad local.
Ahora, los ayuntamientos dispondrán de 10 días hábiles --tras la publicación en el BOE-- para presentar sus proyectos y a continuación se suscribirán convenios individuales con cada consistorio de este enclave natural, en el que residen más de 209.000 personas y donde el empleo agrario ocupa a casi 6 de cada 10 trabajadores.
ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL
Las subvenciones recogidas en el Real Decreto para iniciativas locales en el ámbito de la inclusión social se destinarán a implantar o mejorar los sistemas de triaje social en servicios sociales para mejorar el acceso, personalizar los diagnósticos, disminuir la presión asistencial o reforzar las redes comunitarias. Los ayuntamientos desarrollarán, además, itinerarios de inclusión social y laboral personalizados e integrales.
La Secretaría General de Inclusión realizará el seguimiento y evaluación de los proyectos y los resultados de evaluación serán publicados para contribuir a la generación de evidencias en el Laboratorio de las Políticas de Inclusión.
Los itinerarios podrán comprender, entre otras, actuaciones de fomento de la capacitación laboral a través de actuaciones de formación, orientación laboral, fomento para el empleo y el apoyo en la búsqueda activa de empleo; apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los colectivos más vulnerables, desde la perspectiva de género y programas de refuerzo lingüístico para favorecer la adaptación e integración social y educativa.
También actividades de prevención y reducción del absentismo escolar; impulso de actuaciones de mediación y sensibilización, tanto en centros educativos como a la población en general, incluyendo actividades de fomento de la integración cultural y de sensibilización sobre la igualdad de trato y de oportunidades; acompañamiento en el ejercicio de derechos de ciudadanía; acciones de impulso del apoyo psicosocial para mujeres víctimas de violencia de género, así como para sus hijos y para víctimas de violencia sexual y sensibilización en materia de racismo, xenofobia y delitos de odio.
Por su parte, el Real Decreto que financiará iniciativas locales para la prevención, sensibilización y divulgación destinadas a la población de origen extranjero contempla medidas como fomentar la sensibilización en materia de racismo, xenofobia, delitos de odio y delitos de trata de seres humanos, explotación y violencia contra las mujeres extranjeras; favorecer la normalización documental a través del conocimiento de la normativa en materia migratoria que ofrece figuras como las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, así como las figuras de arraigo.
El objetivo, como ha subrayado la ministra, es "impulsar estrategias que garanticen la igualdad de trato y no discriminación e incentivar el respeto a la diversidad y la tolerancia, que contribuyen al progreso y al desarrollo tanto social como económico de cada uno de los municipios de Doñana".
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