
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que las milicias congoleñas Wazalendo, aliadas con el Ejército de República Democrática de Congo, "han acosado, amenazado, secuestrado y restringido el acceso a los servicios a los miembros de la comunidad banyamulenge de Uvira", en la provincia oriental de Kivu Sur, que limita con Ruanda y Burundi.
"Los combatientes de Wazalendo han acosado, amenazado, secuestrado y restringido el acceso a los servicios a los miembros de la comunidad banyamulenge de Uvira, que son tutsis congoleños residentes en Kivu Sur, acusándolos de apoyar al M23", ha afirmado HRW empleando el nombre popular del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, respaldado por Ruanda y que ha capturado partes de Kivu del Sur, con la oposición de Wazalendo.
Según ha indicado la ONG, la preocupación por la protección de la población civil en Uvira se agravó por las tensiones generadas por el nombramiento de un nuevo comandante del Ejército, Olivier Gasita Mukunda, miembro de la comunidad banyamulenge y acusado por combatientes Wazalendo de haber colaborado con el M23. La acusación se ha extendido con frecuencia a toda la comunidad, y Human Rights Watch ha aludido a imágenes verificadas de personas leales al nuevo nombramiento de las Fuerzas Armadas de RDC huyendo de la localidad mientras se escuchaban disparos a unos 150 metros del ayuntamiento.
A principios de septiembre, el portavoz del Ejército congoleño, Sylvain Ekenge, afirmó que no era responsabilidad de éste "gestionar" a las milicias Wazalendo. "No controlamos a los Wazalendo; los Wazalendo no forman parte de las Fuerzas Armadas", declaró en rueda de prensa.
"El deterioro de la situación en Kivu del Sur refleja una peligrosa combinación de fallas de gobernanza, desconfianza entre las fuerzas armadas y los grupos armados aliados, y crecientes tensiones étnicas", ha declarado la jefa de investigación para África de Human Rights Watch, Clémentine de Montjoye. "Las continuas atrocidades cometidas por todas las partes en el conflicto ponen de relieve la necesidad de que los gobiernos involucrados presionen para proteger a los civiles", ha agregado.
Asimismo, la investigadora de HRW ha lamentado que "los civiles en el este de Congo se encuentran atrapados entre múltiples fuerzas y grupos armados, a menudo sin claridad sobre quién es responsable de su seguridad". Asimismo, ha instado a Kinshasa a "garantizar que sus fuerzas armadas asuman el liderazgo en la protección de los civiles, la prestación de bienes y servicios básicos y el fin de la discriminación y los abusos étnicos".
Actualmente, una delegación del Gobierno encabezada por el ministro del Interior, Jacquemain Shabani, se encuentra desplazada en Uvira, donde lleva desde el pasado viernes realizando consultas. Las reuniones, que comenzaron con el Consejo de Seguridad de la ciudad, han incluido también a representantes de grupos wazalendo y miembros de la sociedad civil, según ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.
RDC y Ruanda firmaron a finales de junio un acuerdo de paz en el que se comprometen a poner fin a la actividad de grupos armados como el M23 o las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FLDR), fundadas por extremistas hutus que huyeron de Ruanda tras el genocidio de 1994.
El pacto fue alcanzado tras los contactos lanzados después de que los rebeldes del M23 tomaran durante los últimos meses las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en medio de una ofensiva relámpago que ha dejado miles de nuevos desplazados.
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