La ley que protege a menores en Internet pasará hoy su primer examen en el Congreso con Vox pidiendo su retirada

El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que incluye la reforma del Código Penal para castigar el contenido sexual de menores creado con Inteligencia Artificial (IA) y el 'grooming', pasará este miércoles su primer test en el Pleno del Congreso, el debate de totalidad en el que Vox defenderá una enmienda pidiendo la retirada de la norma.

Entre otras medidas, la norma también incluye órdenes de alejamiento virtual, test pediátricos para detectar usos inadecuados, así como la imposición obligatoria y gratuita de controles parentales en todos los dispositivos digitales.

Según argumenta Vox en el texto de la enmienda a la totalidad, consultada por Europa Press, rechazan este proyecto de ley porque, a su juicio, "pretende otorgar, en exclusiva, a las empresas tecnológicas las funciones que deberían corresponder a los padres" y porque consideran que la motivación del Gobierno que subyace a esta norma es "el control político de Internet". Si se rechaza la enmienda a la totalidad, la ley comenzará su andadura parlamentaria.

Según ha explicado este martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, esta ley es "un compromiso del presidente del Gobierno" y será "pionera" en Europa "para dar respuesta al gran problema social de acceso indiscriminado de menores a las redes y a los entornos digitales".

Tal y como ha indicado López, la ley establece "que los menores tienen derecho a ser eficazmente protegidos, a la información veraz, al acceso equitativo a los dispositivos y a las conexiones digitales; busca tutelar y garantizar el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen; obliga a los fabricantes a que los terminales móviles dispongan de sistema de control parental efectivo y gratuito y protege de manera muy especial a los menores de la violencia de género y de la violencia sexual".

Este proyecto de ley fue aprobado el pasado mes de marzo en Consejo de Ministros, y según señaló entonces el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se trata de un asunto de "una preocupación de un enorme porcentaje de la población" pues la edad media en España para que los menores tengan móvil es de 11 años y de los que los tienen, el 99% están en redes sociales.

En este sentido, la norma incluye la obligación de incorporar de fábrica el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Está previsto que este sistema aparezca por defecto en todos los dispositivos y que se pueda configurar una vez encendido. Este debe ser gratuito para el usuario y fácil de manejar.

El proyecto también reforma el Código Penal en cuatro puntos diferentes. En primer lugar, incorpora en el catálogo de penas la prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales de las víctimas con los agresores. "De tal manera que creamos lo que podemos llamar las órdenes de alejamiento digital para que los agresores, los violentos en el entorno digital, no puedan tampoco en esos entornos acercarse a sus víctimas", explicó Bolaños.

En segundo lugar, establece como delito la conducta "consistente" en poner material pornográfico a disposición de menores "de manera indiscriminada". También tipifica las 'deepfakes' de contenido sexual o "gravemente vejatorio", creado con Inteligencia Artificial, como delitos contra la integridad moral. En esta línea, Bolaños precisó que serán delito "cuando por su grado de realismo pretendan vejar a una persona en concreto".

La cuarta de las reformas del Código Penal es la regulación del 'grooming', el engaño online a menores, como agravante en los delitos contra la libertad sexual. Esta actividad la realizan personas adultas, mayores de edad, "con el objetivo de parecer menores y de, por tanto, ganarse la confianza de menores para obtener, normalmente, fotografía, contenido audiovisual con contenido pornográfico", según subrayó Bolaños.

En el ámbito sanitario, la norma incluye programas de prevención en atención primaria que incluirán test para la identificación de usos problemáticos de dichas tecnologías y la detección precoz de cambios de conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado de las pantallas entre las personas menores de edad.

Por otro lado, en el entorno educativo contempla el impulso de ciclos formativos y de alfabetización digital en todos los cursos para combatir bulos. El uso de dispositivos en los centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, secundaria postobligatoria y educación especial se regulará por parte de los propios centros, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las administraciones educativas.

ELEVA A 16 AÑOS EL CONSENTIMIENTO DE DATOS EN REDES SOCIALES

La norma también modifica la Ley de Protección de Datos Personales y eleva de 14 a 16 años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos de carácter personal para el acceso a redes sociales.

Por otro lado, la regulación consolida los derechos de los menores de edad en el entorno digital, a través del artículo 2, que establece que "tienen derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado".

También modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual para que los grandes operadores de comunicación y, también, los influencers, que tengan un número muy elevado de seguidores, tengan canales de denuncia ante contenidos "inapropiados o inadecuados" para menores.

Entre las medidas que contempla está el desarrollo de una Estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales. La liderará el Ministerio de Juventud e Infancia. En la Estrategia se incluirá el etiquetado de los contenidos digitales, con lenguaje accesible.

Asimismo, la norma incluye la prohibición del acceso de los menores en los videojuegos a las cajas de recompensa o 'loot boxes'. Se trata de una medida incluida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado esta semana que la ley servirá para "evitar que multinacionales hagan caja mediante la explotación de niños, niñas y adolescentes".