
El Parlamento de Georgia ha aprobado este miércoles el nombramiento de Mamuka Mdinaradze, líder en la Cámara del partido gobernante Sueño Georgiano, como nuevo jefe del Servicio de Seguridad del Estado (SSEG), agencia estatal encargada de proteger el orden constitucional y la integridad territorial del país.
Un total de 85 diputados han votado a favor, mientras que no se han registrado votos en contra después de que el Parlamento despojase de sus escaños en febrero a 49 parlamentarios de la oposición que se negaron a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias.
Mdinaradze, que se ha mostrado crítico en varias ocasiones con los países europeos, ha afirmado que una de sus principales prioridades como sucesor de Anri Ojanashvili --que estuvo en el cargo solo durante cinco meses-- será la "ocupación", en alusión a los territorios separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, así como las interferencias extranjeras y la corrupción.
La votación en el Parlamento se produce el mismo día en que un tribunal de Tiflis ha condenado a dos años de prisión a once manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales de diciembre por cargos relacionados con alteraciones al orden público.
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha afirmado este miércoles que existe un patrón para silenciar a la disidencia con estas condenas. "El Gobierno georgiano está instrumentalizando la justicia para castigar a los manifestantes", ha indicado el subdirector de AI, para Europa Oriental y Asia Central, Denis Krivosheev.
En este sentido, ha denunciado que los manifestantes "han sufrido violaciones de Derechos Humanos", como "tortura" y otros malos tratos, así como "detenciones arbitrarias y juicios injustos". "Las autoridades georgianas deben anular estas condenas injustas y liberar o llevar a cabo juicios justos", ha argüido en un comunicado.
La nación del mar Negro, sumida en una crisis constitucional desde que el partido gobernante Sueño Georgiano se adjudicara la victoria en las elecciones parlamentarias de octubre de 2024, suspendió el pasado 28 de noviembre las conversaciones con Bruselas para la incursión del país en el bloque comunitario hasta, al menos, 2028.
Las protestas registradas durante los últimos meses han estado en parte motivadas por la decisión del primer ministro, Irakli Kobajidze, de renunciar a las perspectivas de adhesión a la Unión Europea y de adoptar políticas más afines a Rusia.
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