La Unión Europea ha condenado la congelación por orden judicial de las cuentas bancarias de siete ONG acusadas en Georgia de financiar las protestas contra el Gobierno y ha denunciado que "es otro asalto a los derechos fundamentales y una utilización del sistema judicial como herramienta de represión", con el objetivo de "silenciar y castigar a las voces disidentes".
El Servicio de Acción Exterior que dirige la Alta Representante Kaja Kallas ha llamado a las autoridades georgianas a revertir "inmediatamente" la medida y a tener en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil "no son enemigos del Estado, sino la columna vertebral del pluralismo democrático y la rendición de cuentas".
En este sentido, ha señalado que "durante años" la sociedad civil georgiana ha empujado en el acercamiento a la Unión Europea y ha cargado contra lo que considera una "represión creciente". La oficina de Kallas ha advertido en su nota de que perseguir a las ONG "contradice los valores democráticos fundamentales y mina los principios básicos que se esperan de un país candidato" al bloque.
La Fiscalía de Georgia ha justificado las restricciones contra las ONG en que pagaron multas a manifestantes y compraron artículos de protección para ayudar a quienes salieron a las calles en 2024 para protestar contra el Gobierno de Irakli Kobajidze.
Las protestas vinieron en parte motivadas por la decisión de Kobajidze de renunciar a las perspectivas de adhesión a la Unión Europea y de adoptar políticas más afines a Rusia.
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