AI: Amnistía en Perú a militares y policías premia a culpables de violar derechos humanos

Lima, 18 ago (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) rechazó este lunes la amnistía promulgada por la presidenta de, Dina Boluarte, para militares y policías que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000), y afirmó que esta premia con impunidad a responsables de violaciones a los derechos humanos.

"Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la ley que concede amnistía a perpetradores de crímenes de derecho internacional y que, bajo la figura de 'amnistía humanitaria', permite liberar a personas mayores de 70 años con sentencias firmes o en trámite de ejecución de sentencia", indicó la organización en un comunicado.

AI afirmó que esta norma "viola las obligaciones de derecho internacional que el Estado peruano ha contraído y sienta un grave precedente".

La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000 contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.

"Su implementación impactará en al menos 156 casos con sentencia firme, permitiendo que responsables por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, puedan recuperar su libertad", señaló AI.

Amnistía sostuvo que la cancelación de procesos en investigación o en juicio transmite un mensaje de indiferencia e impunidad frente al dolor y derecho de las víctimas y sus familias, que llevan décadas buscando justicia, verdad y reparación.

Recordó que esta amnistía incluiría a los responsables de la matanza de Putis, ocurrida en la región andina de Ayacucho en 1984, donde 123 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, fueron asesinadas por el Ejército en 1984 tras forzarles a parte de ellos a cavar su propia fosa común bajo el engaño de que iban a construir una piscigranja.

"La organización recuerda que el derecho internacional y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000", agregó.

Amnistía Internacional también advirtió sobre el avance de prácticas autoritarias y de impunidad en Perú a través de normas que debilitan el espacio cívico y el acceso a la justicia, así como de iniciativas para incumplir compromisos internacionales.

Frente a ello, la organización reiteró a las autoridades peruanas su deber de garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de toda la sociedad, "lo cual es solo posible fortaleciendo investigaciones y condenando a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos".

"Para cerrar este capítulo doloroso de la historia, las autoridades deben garantizar la no repetición. Ello exige enfrentar decididamente la impunidad y encontrar a los responsables de crímenes tan atroces como los cometidos en Perú por todas las partes involucradas en el conflicto armado", concluyó AI.

Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también rechazó esta ley, promulgada en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que había solicitado suspender el trámite de esta norma cuando se aprobó en primera votación en el Congreso (Parlamento) en junio.

La amnistía fue aprobada en el Congreso de Perú con el apoyo de un conjunto de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que sostienen a Boluarte en la Presidencia y que cuentan con varios militares y policías en retiro en sus filas.

Pese a que la Corte IDH había instado a Boluarte a no promulgar la amnistía, la presidenta rechazó la exhortación del tribunal al calificarla como una injerencia en la soberanía nacional y la pasada firmó la amnistía en una multitudinaria ceremonia en Palacio de Gobierno arropada de militares y policías retirados, algunos de ellos condenados y procesados por violaciones a derechos humanos.

El conflicto armado interno (1980-2000) fue una de las épocas más violentas de la historia de Perú que dejó uno 69.000 muertos según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), desatada por la organización maoísta Sendero Luminoso y el marxista MRTA mediante acciones terroristas de enorme brutalidad que fueron respondidas por las fuerzas de seguridad con episodios de extrema crueldad hacia la población donde se vulneraron derechos humanos con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. EFE