Greenpeace celebra que la CIJ inste a los Estados a actuar frente a la crisis climática

Greenpeace ha celebrado la resolución emitida este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal del mundo con sede en La Haya, en la que se establece que los Estados deben adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Se impone además la obligación de acabar con cualquier tipo de subsidio a los combustibles fósiles, así como la prohibición de nuevas licencias de exploración y prospección.

También impone obligaciones a las empresas, incluida la de reparar los daños causados por sus emisiones, independientemente del lugar donde ocurran.

Por primera vez desde su creación, y tras la solicitud presentada en 2023 por más de 190 países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte ha emitido una Opinión Consultiva centrada exclusivamente en la crisis climática.

Para Greenpeace, esta decisión "representa un hito en la protección de la población afectada por la crisis climática , al reforzar las responsabilidades de los Estados más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de París e incorporar nuevas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos".

La ONG considera que la resolución realiza "afirmaciones trascendentales", como que el incumplimiento del Protocolo de Kioto es un acto internacionalmente ilícito, o que las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones no son discrecionales, sino que deben contribuir al objetivo legalmente vinculante de conseguir un aumento global de la temperatura de 1,5º C.

"Los Estados ya no pueden seguir eludiendo sus obligaciones climáticas, y los contaminantes deben pagar por los daños que han causado. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas", ha declarado la abogada de Greenpeace España Lorena Ruiz-Huerta.

La ONG ha valorado esta resolución "ante la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, que amenazan la salud y la vida de millones de personas, como la dana del 29 de octubre de 2024, los recientes incendios de más de 3000 hectáreas ocurridos en diferentes comunidades autónomas, o las recientes olas de calor de junio, que han causado más de 1.000 muertes".

La Corte formula recomendaciones específicas para garantizar la justicia climática intergeneracional, ofreciendo una protección histórica a las comunidades más afectadas por la crisis climática, así como la protección del medio ambiente para las generaciones futuras.