La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que el Real Decreto que establece el procedimiento para la acogida de menores migrantes no acompañados "excluye el refuerzo de las plantillas de los centros" y ha reclamado "protocolos de prevención y actuación ante agresiones" que garanticen la "seguridad" de los profesionales que trabajan en ellos.
En concreto, el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece cómo deberán actuar las comunidades autónomas para acoger a los miles de menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla desde finales de agosto.
CSIF denuncia que dicho Real Decreto recoge explícitamente en su Disposición adicional segunda que la aprobación "no implicará aumento de gasto público, ni supondrá incremento de gastos de personal", lo que significa, a su juicio, "que no habrá ni refuerzo de plantillas de los centros que recibirán a estos menores ni incremento de medios materiales".
El sindicato considera que "al Gobierno no le importa la repercusión que la llegada de los menores tendrá en las plantillas de los centros, ni la situación en que quedan los empleados públicos con competencias en materia de inmigración".
Por ello, exige al Gobierno y a las administraciones autonómicas, competentes en materia de protección de menores, la puesta en marcha "urgente" de una batería de medidas para "garantizar la seguridad de los profesionales", entre las que destacan el "refuerzo de plantillas y ratios adecuados", ya que según denuncia, "en muchos centros hay menos educadores de los que marca la normativa europea".
También pide "la implementación de protocolos de prevención y actuación ante agresiones con un registro específico, que aseguren una auténtica protección"; la contratación de "un servicio de vigilancia las 24 horas del día para todos los Centros de acogida y centros de menores", la dotación de "sistemas de alarma y pulsera de pánico" para todos los profesionales con conexión al centro de seguridad y servicios de emergencias; y el establecimiento de nuevas medidas organizativas "como un mínimo de dos personas para cada turno".
Entre otras medidas, también propone que los profesionales de estos centros tengan apoyo psicológico y protección jurídica gratuita y reciban una formación continua y especializada, en gestión de conflictos, intervención con menores violentos, primeros auxilios psicológicos y autocuidado.
Igualmente, CSIF apuesta por el aumento de los programas de rehabilitación a menores y por replantear los criterios de ingreso "de menores con perfiles especialmente violentos" en centros de protección no terapéuticos.
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