La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ) ha anunciado este domingo la apertura de una investigación preliminar contra la fiscal general del país latinoamericano, Delia Espinoza, por la supuesta comisión de varios delitos que incluyen el abuso de poder y la usurpación de funciones, al negarse a restituir a su predecesora, Patricia Benavides, suspendida del cargo por dos años.
"Resulta necesario establecer si la fiscal suprema incurrió en la comisión de una inconducta funcional; razón por la cual corresponde abrir investigación preliminar, situación que no implica un adelanto de criterio sino, por el contrario, tiene el propósito de determinar en estricto respeto de presunción de licitud si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario", reza el escrito del organismo que concede a la fiscal diez días hábiles para presentar alegaciones y pruebas.
El anuncio de la investigación llega en medio de las presiones del Congreso denunciadas por Espinoza, con cuatro demandas constitucionales que buscan su inhabilitación por hasta diez años, según indica el diario peruano 'La República'.
Espinoza, por su parte, aseguró a mediados del pasado junio que abriría diligencias contra el JNJ después de que este organismo declarara nulo el cese de la antigua fiscal Benavides y solicitara su restitución en el cargo, para lo que instó en un comunicado a la actual fiscal a realizar este cambio.
El pasado 16 de junio, la Fiscalía informó de que Benavides habría ingresado a la sede de la institución sin pasar por los controles de seguridad protocolarios, lo que suscitó momentos de tensión tanto dentro como fuera del edificio y provocó la intervención de la Policía. Espinoza acusó a la recién restituida de dar un "golpe a la democracia", según recogió la emisora de radio RPP.
En medio de la lucha por el poder en la Fiscalía de Perú, el congresista Américo Gonza ha presentado un proyecto de ley para realizar una reorganización del Ministerio Público que retire a los "responsables de pervertir esta institución", un extremo que Espinoza ha considerado como "constitucionalmente admisible (y) un quebrantamiento al orden constitucional".
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