El XIV Foro de las Autonomías aborda el estado de la gestión autonómica, afectada por la "tensión" política en España

El Centro de Estudios Políticos de Madrid acogerá el próximo martes 8 de julio el XIV Foro de las Autonomías, donde se presentará el Informe Comunidades Autónomas 2024 sobre el estado de la gestión autonómica de competencias y servicios, marcada negativamente por el panorama de "tensión" y "agresividad" de la política española.

El documento, elaborado por los profesores Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Ana Carmena Contreras, de la Universidad de Sevilla (US) y Eduard Roig Molés, de la Universidad de Barcelona (UB), recoge la crispación entre las instituciones estatales y autonómicas como obstáculo a la cooperación entre administraciones.

En opinión de los académicos, las dinámicas de competición entre partidos "están ocupando todo el espacio público" y provocan que "cualquier planteamiento institucional o de búsqueda de acuerdos de fondo resulte imposible".

"El resultado es un escenario en el que la acción de gobierno se subordina al cálculo electoral y la confrontación partidista, como mostraron en 2024 ámbitos tan sensibles como la gestión de emergencias, la financiación territorial o la acogida de menores migrantes", agregan.

A pesar del contexto actual, los docentes defienden que, hasta el momento, las inversiones conjuntas o prioridades en materia de infraestructuras no se han visto resentidas, en parte por abordarse de forma bilateral.

Mientras tanto, los foros multilaterales como la Conferencia de Presidentes o el Congreso de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "no son capaces de superar el bloqueo de cualquier iniciativa o reforma que pueda despertar la atención pública", sino que aprueban "soluciones de emergencia marcadas por una crítica política feroz".

Los académicos ven la aprobación de la Ley de Amnistía como el "punto álgido" y paradigmático de la crispación política, que bajo su punto de vista ha afectado al normal desarrollo de la actividad del Congreso, el Tribunal Constitucional y ha minado la credibilidad institucional.

Y por contra, como "garantía" de funcionamiento institucional, proponen dar continuidad y estabilidad a "los aspectos de la gestión diaria", que se encuentran "má alejados" del debate político.