Declaran este lunes el expresidente de la SEPI y la exdirectora de Minas por Aznalcóllar

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla encara ya los últimos días del juicio iniciado el pasado mes de marzo, en torno a la denuncia de la sociedad Emerita Resources España por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; derechos por los cuales pujó sin éxito la entidad denunciante.

En ese sentido, para este lunes está prevista la comparecencia de los tres últimos acusados que eligieron prestar declaración al finalizar el juicio y no al comienzo, entre los que figuran la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo.

Estas comparecencias están fijadas para este lunes a partir de las 9,30 horas, después de que meses atrás ya prestasen declaración el grueso de los investigados, que son los funcionarios miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis, porque los acusados son 16 en total, en este juicio en el que la Fiscalía no ejerce acusación al no apreciar delito.

El juicio gira en torno al concurso promovido por la Junta de Andalucía la década pasada, para adjudicar los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesaados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Al procedimiento, recordémoslo, concurrieron exclusivamente las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo; y que en una reunión, el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, habría dicho supuestamente que él tenía "la llave" del concurso, reclamando presuntamente a Emerita "el 15 por ciento" del negocio exclusivamente por "asegurar" el resultado del procedimiento.

LOS FUNCIONARIOS SE DEFIENDEN

En el juicio, los funcionarios de la Junta de Andalucía acusados negaban insistentemente en sus comparecencias que recibiesen indicaciones previas o directrices sobre el resultado del proceso de evaluación de las ofertas que concurrían, defendiendo que la concesión minera fue encomendada a "la mejor" oferta.

Ante la tesis de Emerita Resources España, como empresa denunciante, de que planteaba una inversión comprometida de 640 millones de euros frente a los 304 de la propuesta de Minorbis; con 375 millones de euros en concepto de "mejoras" sociales y laborales durante 25 años mientras el proyecto de Minorbis limitaba tal aspecto a "27 millones"; los funcionarios acusados defendían en sus comparecencias que entre los 15 criterios principales del concurso, sólo cuatro se ceñían a los aspectos económicos.

Los aspectos de ámbito ambiental, según argumentaba una de estas personas, tenían un peso "altísimo" en el baremo, dada la catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero.

LA UDEF, LOS HERMANOS DIRECTIVOS DE MAGTEL Y LA UCO

Ello, mientras un investigador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ratificaba su detección previa de "incongruencias y anomalías" en las valoraciones técnicas de las ofertas, aludiendo incluso a "una desviación grotesca del sentido" de una de las baremaciones.

Los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables del grupo Magtel, descartaban de su lado que gozasen de cualquier "trato de favor" por parte de la Junta de Andalucía como promotora del concurso público. "Todo lo contrario, siempre se nos miraba con mucha más exigencia que a las empresas de fuera", enfatizaba por ejemplo Mario López Magdaleno, descartando además cualquier tipo de relación de amistad con los funcionarios o responsables institucionales de la Junta acusados.

Además, Mario López Magdaleno esgrimía que la facturación de las empresas del Grupo Magtel a la Junta de Andalucía constituye apenas "un uno por ciento" de su volumen total de negocio, o sea "muy poco".

Un responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil manifestaba además en la vista que la investigación detectó "muchos correos" electrónicos entre los responsables de Magtel y el acusado Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entonces secretario general de la Consejería de Innovación; pero no apreciaba indicios de "influencias" o de "compensación" económica a los miembros de la Administración andaluza como promotora de la licitación.

CORREOS "SIN LA MAYOR RELEVANCIA"

Sobre todo porque el contenido de tales correos no tenía "mayor relevancia" a efectos de la investigación de posibles ilícitos; además de que también fueron detectados intercambios de correos entre responsables de Emerita y de la Junta de Andalucía; toda vez que los directivos de la empresa denunciante, Emerita Resources España, con Joaquín Merino como presidente a la cabeza, ratificaban en el juicio su acusación, asegurando que el acusado Mario López Magdaleno dijo en una reunión que él tenía "la llave del concurso".

Recordemos que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita Resources, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación de este caso al no apreciar delito alguno.

Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares y popular contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formula acusación.