
Los responsables de Exteriores de 15 países, entre ellos España, han emitido este sábado un comunicado conjunto de absoluto respaldo a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, dirigido también contra "los discursos y los crímenes de odio" que asolan a esta población y en favor de una participación activa internacional para impulsar medidas de protección.
En el comunicado España, Colombia, Australia, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Eslovenia, Islandia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal y Uruguay "unen sus voces" en favor de los derechos de las personas LGTBIQ+ en un momento en que "proliferan los discursos y los crímenes de odio", así como "los retrocesos en los derechos de las personas LGTBIQ".
"Rechazamos toda forma de violencia, criminalización, estigmatización o discriminación, que conducen a violaciones de los derechos humanos", hacen saber los representantes diplomáticos antes de reconocer "que el respeto por la diversidad, la igualdad y la tolerancia requieren del apoyo a nivel internacional a medidas destinadas a la despenalización, la prevención y la erradicación de todo tipo de acoso".
Este apoyo internacional, remachan, también debe ir dirigido al impulso de las políticas de diversidad y de lucha contra la discriminación, así como la puesta en marcha de medidas en favor de la inclusión socio-laboral de las personas LGTBIQ+, especialmente de las personas trans.
Los ministros ponen de manifiesto también "las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación" a las que se enfrenta esta comunidad, particularmente cuando también forman parte de otros grupos, comunidades y poblaciones históricamente marginados, como pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, personas mayores o en situación de pobreza.
"Promover su plena y efectiva inclusión requiere de un enfoque interseccional que aborde estas desigualdades de manera estructural", añaden los ministros, quienes hacen un llamamiento "a todos los Estados para que se unan a este camino, derogando las leyes discriminatorias existentes y negándose a introducir nuevas leyes que criminalicen las relaciones entre personas del mismo sexo o castiguen a las personas por su orientación sexual e identidad de género".
"Pedimos el fin de la persecución penal de las personas LGTBIQ+, especialmente la prisión y la pena de muerte, y el fin de las llamadas "terapias" de conversión, que son inherentemente discriminatorias", han añadido al entender que "está en juego el pleno respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, así como el fortalecimiento de la igualdad, la diversidad y la prosperidad, sin dejar a nadie atrás".
"Reiteramos finalmente nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, para que su igualdad ante la ley sea indiscutible y para que ninguna persona sea penalmente perseguida o discriminada por razón de su orientación sexual e identidad de género", añaden los ministros, antes de llamar por ultimo a la construcción de sociedades dode "todos los seres humanos puedan ser y amar libremente".
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