La Comisión Europea quiere permitir a los Estados miembro ofrecer ayudas para reducir los precios de la electricidad a las empresas que operan en sectores especialmente expuestos al comercio internacional y que dependen en gran medida de la energía para su producción si, a cambio, invierten en descarbonización durante tres años.
Esta es una de las propuestas que incluye el nuevo marco de ayuda estatal que ha presentado Bruselas este miércoles con la intención de que esté en vigor durante los próximos cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2030, con el objetivo de ofrecer certidumbre en las inversiones para las empresas.
La vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, encargada de presentar la proposición, ha destacado que el objetivo de esta regulación es ofrecer "facilidades" a Gobiernos, empresas e inversores para lograr que Europa retenga capital y talento.
"No es una obligación para los Estados miembro hacer uso de estas facilidades, pero creo que era importante que aquellos que estén dispuestos a utilizarlas cuenten con este marco que introduce las condicionalidades, los elementos que acompañan a esto", ha explicado Ribera, quien ha subrayado también la importancia de los umbrales para "evitar comprometer la igualdad de condiciones dentro del Mercado Único, y para evitar posibles distorsiones".
El nuevo marco forma parte de la estrategia del Ejecutivo comunitario para relajar requisitos de los regímenes de ayudas públicas para agilizar procesos e incentivar las inversiones que la UE necesita en sectores como la energía renovable, la descarbonización industrial o la fabricación de componentes como baterías o paneles solares, entre otros, para hacer frente a competidores como China o Estados Unidos.
En base a ello, la Comisión propone una rebaja temporal de los precios de la electricidad para las industrias intensivas en energía --como siderurgia, plásticos, baterías o automoción-- con el fin de hacerlas más competitivas en los mercados mundiales, aunque, a cambio, se les exigirá una inversión en descarbonización.
El nuevo conjunto de normas reducirá determinados requisitos estándar, como el proceso de licitación obligatorio para asignar ayudas estatales, con lo que el Ejecutivo comunitario espera agilizar la utilización de los regímenes una vez establecidos por los gobiernos.
En concreto, la Comisión ha invitado a las capitales a establecer medidas para acelerar el despliegue de energías renovables con procedimientos de licitación simplificados que puedan aplicarse rápidamente y les insta a concebir regímenes para tecnologías específicas en función de su mix energético nacional.
El plan también permitirá a los Veintisiete apoyar la descarbonización industrial y garantizar una capacidad de fabricación suficiente de tecnologías 'limpias' --baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores y sistemas de captura, uso y almacenamiento de carbono--, así como los componentes clave y los elementos críticos para su producción.
En este sentido, los Estados miembro también podrían conceder ayudas más elevadas para igualar el nivel de apoyo ofrecido en terceros países para un proyecto concreto, con el fin de evitar que dichas inversiones se desvíen fuera de Europa.
PAPEL DEL GAS NATURAL
Aunque el plan prioriza las inversiones en renovables y energías bajas en emisiones, la propuesta concede un papel relevante al gas natural, que si bien Bruselas quiere abandonar por completo en 2040, podrá beneficiarse de estos regímenes de forma excepcional.
"Aceptamos cierta flexibilidad en comparación con lo que ha concebido como la mejor manera de apostar por el futuro del sistema energético y el futuro de la industria, porque entendemos que tenemos que pasar por este 'valle de la muerte' para facilitar a las industrias a entrar en esta transformación", ha señalado Ribera, en referencia al uso transitorio del gas en el proceso de descarbonización.
De este modo, las ayudas podrán incentivar excepcionalmente nuevas inversiones basadas en el gas natural como medio para reducir las emisiones o aumentar la eficiencia energética si las capitales demuestran que no existe una alternativa tecnológicamente madura para el gas natural, que las alternativas al gas natural aún no son viables debido a la insuficiente disponibilidad o infraestructura o que la descarbonización se llevará a cabo por etapas.
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