Cuerpo espera que el futuro consejo de Sabadell maximice el valor de la entidad aunque lo nombre BBVA

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que el futuro consejo de Sabadell mantenga una línea "continuista" y que maximice el valor de la entidad, aunque sea nombrado por BBVA.

En su intervención mediante videoconferencia en el XLII seminario de economía organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Cuerpo ha explicado que la decisión que el Gobierno ha dado hoy a conocer sobre la OPA de BBVA y Sabadell no es una "lista detallada" de qué decisiones puede tomar BBVA.

En cambio, se trata de poner unas condiciones bajo las cuales las decisiones que tome BBVA deben estar guiadas por un continuismo con la situación actual de Sabadell y maximice el valor de la entidad, protegiendo al mismo tiempo los intereses generales.

El Gobierno ha decidido este martes aprobar la OPA de BBVA sobre Sabadell a condición de que ambas entidades mantengan la personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía de gestión durante tres años, prorrogables por otros dos.

Esto no es incompatible con la posibilidad de que BBVA nombre al consejo de administración de Sabadell, pero ha recalcado que cada consejo (el de BBVA y el de Sabadell) deberán velar de manera autónoma por maximizar el valor de cada entidad.

En este sentido, ha abierto la posibilidad a que si el consejo de Sabadell, por razones de interés general, tiene que acometer despidos de empleados, pueda hacerlo, pero no si está asociado a la OPA de BBVA.

"La condición relativa al mantenimiento del empleo en razón de la operación no inhabilita para que las decisiones de recursos humanos que no tengan que ver con la operación sigan estando en manos de las entidades, como no puede ser de otra manera, porque como hemos dicho, estamos ante una condición proporcionada", ha aclarado.

Para evaluar la eficacia de la condición que ha acordado el Consejo de Ministros, con una antelación de entre seis y dos meses respecto de la fecha de finalización del menor plazo establecido en la condición acordada (tres años), BBVA y Banco Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un informe de situación cada una, que detallará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados.

Preguntado por la posibilidad de que BBVA decida excluir de Bolsa a Sabadell, Cuerpo ha afirmado ser "consciente" de la "buena evolución" del banco catalán en Bolsa y que varios analistas creen que todavía no ha alcanzado su precio objetivo. "Creemos que la presencia en Bolsa de Sabadell ahora mismo es un activo adicional para la entidad financiera y no vemos ahora mismo ningún elemento de razonamiento asociado a la maximización del valor de la propia entidad que pudiera llevar a la salida de bolsa de Sabadell", ha trasladado.

Sin embargo, ha indicado precisamente que la resolución de hoy no consiste en una "lista detallada" de las decisiones que puede tomar o no BBVA si finalmente se cierra la OPA a su favor.

Sobre la posibilidad de que BBVA recurra la decisión del Consejo de Ministros ante la Justicia, Cuerpo ha defendido que el ángulo legal "lo tienen cubierto" desde el principio. Ha expuesto que se ha hecho un análisis legal interno sobre cuál era el terreno de juego y cuáles eran las posibilidades de actuación que tenía el Consejo de Ministros en esta situación.

A renglón seguido, ha resaltado la "proporcionalidad" de la medida finalmente acordada puesto que no impide la OPA y se da paso al siguiente trámite que es ya, prácticamente, que los accionistas de Sabadell puedan decidir en la OPA, si finalmente BBVA decide lanzarla.

CONSULTA PÚBLICA

Por último, Cuerpo ha dado también detalles sobre la consulta pública que realizó su ministerio a principios de mayo, después de conocerse la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de aprobar la OPA.

Ha informado de que recibieron en un principio unas 348.600 respuestas a la consulta, a las que se realizó un filtrado inicial de respuestas inválidas, que dejó el cómputo en unas 65.900 respuestas válidas.

De este total, el 41,4% apuntaban a que no existían razones de interés general que se vieran afectadas por esta operación, un porcentaje que se eleva al 47,3% si se incluyen aquellas respuestas que consideraban que sí había razones de interés general afectadas, pero que no era necesario imponer condiciones adicionales.

Dentro de los que sí consideraban que había que imponer condiciones adicionales, la mitad de los casos hablaban de condiciones relativas a materias de competencia o de estabilidad financiera que Economía tuvo que filtrar porque no eran parte de las condiciones que podía abordar el Gobierno, por lo que queda un 25% del total que señaló que había un interés general afectado por esta operación y que había que imponer con propuestas de condiciones que no tenían que ver ni con competencia ni con estabilidad financiera.