Paula Cabaleiro
Bogotá, 20 jun (EFE).- En Colombia, donde más de once millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares por el conflicto armado interno, crecen los riesgos que enfrentan los migrantes retornados, especialmente de nacionalidad venezolana, que vuelven a ingresar al país tras recorrer sin éxito la larga ruta hacia Estados Unidos.
"Estamos viendo un aumento de lo que llamamos migración inversa, personas que tras intentar llegar al norte del continente ahora regresan sin garantías, muchas veces víctimas de violencia, trata o naufragios", advirtió en un declaraciones a EFE la defensora del pueblo, Iris Marín.
Uno de los principales corredores de retorno para los migrantes que cruzan la selva del Tapón del Darién comienza en el poblado panameño de La Miel y termina en el pueblo colombiano de Capurganá, en el departamento del Chocó.
Este último punto marca el final del trayecto selvático de una de las rutas más peligrosas del continente, que hasta hace poco era recorrida por cientos de miles de personas en dirección a Estados Unidos, pero que hoy, debido a las restricciones migratorias del gobierno de ese país, comienza a ser transitada en sentido inverso por quienes retornan sin haber logrado su objetivo.
Desde Capurganá, los migrantes cruzan por mar el golfo de Urabá hasta llegar al puerto de Necoclí, en el departamento de Antioquia, donde suelen buscar vías de transporte hacia otras ciudades del interior del país.
Este corredor marítimo se ha convertido en una ruta crítica para el retorno, pero también evidencia los vacíos institucionales en materia de atención humanitaria, especialmente en lugares apartados y de difícil acceso, como Capurganá y Necoclí.
A pesar de que los datos oficiales de tránsito por el Darién los divulgan mensualmente las autoridades panameñas, Migración Colombia advirtió de la entrada al país de 10.246 migrantes en tránsito inverso entre enero y mayo de 2025, lo que supone más de 80 personas al día que vuelven a Colombia.
Otras rutas de reingreso se han detectado también por Bahía Solano y Juradó, en la costa pacífica del Chocó, donde la ausencia estatal complica la atención humanitaria.
"La falta de presencia institucional en puntos clave de la costa Pacífica está generando una emergencia silenciosa que requiere atención urgente", advirtió Marín.
En este contexto, preocupa el cierre este lunes de la oficina de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Apartadó (Antioquia), una de las zonas más críticas del país para la atención de población migrante, desplazada y retornada.
Esta sede, operativa desde 1998, brindaba asistencia directa a miles de personas que cruzan el Darién o regresan por vía marítima desde Panamá.
Su cierre, confirmado por la agencia y atribuido a recortes presupuestarios, podría agravar los vacíos de protección en el Urabá, donde se concentra buena parte del tránsito migratorio.
Solo en 2024, la oficina de ACNUR en Apartadó atendió a más de 8.000 personas, según datos de la agencia.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que entre enero y febrero de este año, más de 1.800 personas retornaron por mar desde Panamá, en su mayoría hombres, mujeres y menores de edad venezolanos.
"Colombia debe reafirmar su compromiso con los derechos humanos y con los principios del asilo y refugio", concluyó la defensora.
A propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este viernes, el Consejo Noruego para Refugiados advirtió que 60 de cada 100 jóvenes refugiados y migrantes en Colombia enfrentan serias barreras para acceder a empleos dignos o emprender.
Esto se debe a la discriminación, la falta de reconocimiento de títulos educativos y el escaso acceso a programas de formación técnica, señaló esa ONG en un comunicado.
"La solidaridad del país debe traducirse en oportunidades reales para que estas personas puedan construir una vida digna y productiva", manifestó el director de NRC en Colombia, Giovanni Rizzo, al instar al Estado y al sector privado a invertir en inclusión económica.
El informe alerta que casi la mitad de los jóvenes encuestados no se sienten escuchados por las instituciones públicas y que un 30 % percibe su nacionalidad como causa de exclusión laboral. EFE
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