Manila, 19 jun (EFE).- La situación de la libertad de expresión no ha mejorado "significativamente" en Filipinas tras el mandato del expresidente Rodrigo Duterte, afirmó la relatora de Naciones Unidas Irene Khan en un informe, que organizaciones del país asiático destacaron este jueves como prueba de la represión bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr.
La relatora de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión consideró, tras visitar Filipinas a principios de 2024, que el actual Ejecutivo no ha tomado medidas suficientes "para pasar página de forma decisiva" a "los horrendos ataques contra los derechos humanos" perpetrados por Duterte.
Marcos Jr. ha adoptado "un enfoque más abierto y tolerante" desde que llegó al poder en 2022, reconoció Khan en un informe presentado ante la sesión actualmente en curso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".
Sin embargo, aseguró que la práctica de acosar a figuras críticas con el Gobierno calificándolos de ser cómplices de la insurgencia comunista "continúa bajo la actual administración", en referencia a lo que se conoce en Filipinas como 'red tagging' o etiquetación roja.
Se trata de una "seria amenaza a la sociedad civil", que sucede a un nivel "menor" que durante la era Duterte, pero que sigue emanando del Estado.
"Hay pruebas considerables de que las fuerzas de seguridad lo utilizan como parte de su estrategia para luchar contra el terrorismo", dijo Khan.
La situación de la prensa en Filipinas, uno de los países del mundo donde más reporteros son asesinados cada año, sigue siendo "preocupante" en opinión de la relatora.
Solo en los 18 primeros meses de mandato de Marcos Jr. fueron asesinados cuatro periodistas, subrayó Khan, quien además urgió al Gobierno a renovar la licencia de la televisión ABS-CBN, el mayor grupo mediático de Filipinas obligado a cerrar en 2020 bajo Duterte.
El informe fue calificado por la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL) como una muestra de hasta qué punto las autoridades filipinas siguen poniendo frenos a la libertad de expresión.
"El Estado sigue colapsando la distinción entre disidencia y criminalidad, desplegando el lenguaje de la lucha antiterrorista para suprimir el discurso político y silenciar a quienes hablan en nombre de los marginados", indicó la organización en un comunicado.
Por su parte, la alianza izquierdista Bayan denunció en una nota que "Marcos Jr afirma ser diferente de su predecesor, pero no ha hecho nada en los últimos tres años para derogar las leyes y normativas represivas". EFE
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