
La Comisión Europea ha informado este martes del inicio de un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado debidamente a su legislación nacional todas las disposiciones de la revisión de la directiva sobre la calidad del agua potable, una reforma que los países de la UE tenían hasta enero de este año para concluir la transposición.
En concreto, los servicios comunitarios apuntan problemas con el ámbito de aplicación y por la falta de disposiciones específicas sobre evaluaciones de riesgos en relación con el sistema de abastecimiento de agua potable y la ausencia de disposiciones para una revisión periódica.
La incoación del expediente sancionador toma la forma de una carta de emplazamiento remitida por Bruselas a las autoridades nacionales informando de las deficiencias detectadas y de que da un primer plazo de dos meses a España para responder.
Si las irregularidades no se resuelven, el expediente seguirá adelante con una nueva fase de diálogo para buscar solución que, de no llegar, permitirá al Ejecutivo comunitario elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Además de España, han sido expedientados por incumplir la transposición Bulgaria, Grecia, Países Bajos y Portugal.
Según defiende Bruselas en un comunicado, la reforma de la directiva refuerza la protección de la salud humana al actualizar normas de calidad del agua, lucha contra contaminantes peligrosos --como los alteradores endocrinos y los microplásticos-- y el suministro de agua del grifo más limpia.
La directiva también los problemas por fugas de agua para evitar que, como ocurre ahora, el 30% del agua potable consumida en la Unión Europea se pierda durante su distribución.