El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados.
Se trata del segundo expediente de este tipo, del que no se ha facilitado el nombre de la agencia inmobiliaria implicada, que se ha abierto desde el Departamento que dirige Pablo Bustinduy a través de la Dirección General de Consumo, después del que se abrió a finales de marzo a Alquiler Seguro por estas mismas posibles prácticas abusivas contra inquilinos.
Estos expedientes se enmarcan en la investigación que Consumo está llevando a cabo desde el pasado mes de octubre en el ámbito de la gestión del alquiler inmobiliario.
Esta investigación se inició a partir de denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y Consumo ha avanzado que sigue en marcha respecto a otras empresas inmobiliarias a las que también se podrían incoar expedientes por haber podido cometer éstas u otras prácticas.
El Ministerio ha indicado que las principales prácticas denunciadas por las diferentes organizaciones se basan en infracciones como obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino.
A este respecto, desde Consumo se ha señalado que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Adicionalmente, la Dirección General de Consumo ha informado que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como graves y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, o como muy graves y ser sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
EXPEDIENTES A PISOS TURÍSTICOS
Consumo ha explicado que estos dos procedimientos sancionadores abiertos a sendas agencias inmobiliarias se unen a los expedientes que la Dirección General de Consumo mantiene abiertos en el sector de los pisos turísticos contra una gran plataforma de alquiler de vivienda turística, refiriéndose a Airbnb, que "mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita".
Por otro lado, se suma al expediente sancionador abierto contra empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca", lo que supondría una práctica engañosa.
En este sentido, cabe destacar que este Ministerio ha ordenado el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos a la plataforma Airbnb.
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha querido destacar que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley.
"Por tanto, todas las iniciativas anteriormente mencionadas se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda como acción prioritaria del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de proteger los derechos de las personas consumidoras", ha defendido Consumo.
Sobre los derechos de los inquilinos, desde Consumo se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler.
Desde la Dirección General de Consumo se ha señalado que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.
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