El vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), Rubén Alcaine, ha presentado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) una denuncia contra la presidenta, Beatriz Álvarez Mesa, y el director general de dicho organismo, Pablo Vilches Alarcón, por la presunta extralimitación de sus funciones, ocultación de información y posible fraude de ley, infracciones consideradas "muy graves" por la Ley del Deporte de 2022.
La denuncia se fundamenta, entre otras cuestiones, en la convocatoria, según el demandante, "irregular" de la Asamblea General Extraordinaria, prevista para el próximo 25 de junio, cuyo único punto del orden del día es la votación de una moción de censura contra el propio vicepresidente de la LPFF, Rubén Alcaine.
Según argumenta Alcaine, dicha convocatoria fue promovida directamente por la presidenta de la LPFF y ejecutada "sin el preceptivo acuerdo", indica en una nota de prensa remitida a Europa Press, de la Comisión Delegada, órgano estatutariamente competente para calificar y canalizar este tipo de procedimientos.
Dicha actuación constituye, según la denuncia, una "extralimitación de funciones y una violación del régimen electoral específico" previsto por los Estatutos Sociales de la LPFF. "El artículo 36 exige que las solicitudes de moción se dirijan a la Comisión Delegada y que sea este órgano el que evalúe su validez y, si procede, convoque la Asamblea General. Saltarse este procedimiento convierte la acción en nula de pleno derecho y acarrea responsabilidades disciplinarias", señala la nota.
Además, la denuncia alerta sobre un posible fraude de ley, ya que se habrían contabilizado como válidos los apoyos de los clubes Valencia CF y Real Betis, que ya han perdido su condición de asociados tras descender deportivamente el pasado 11 de mayo, con el fin de alcanzar los dos tercios necesarios antes del 1 de julio, fecha en la que se incorporarán nuevos clubes con capacidad de voto. "Se pretende, así, blindar la mayoría y evitar una composición futura más representativa", añade.
A estos hechos se suma una serie de actuaciones sistemáticas que, según el vicepresidente de la LPFF, habrían "vulnerado gravemente los principios de transparencia, legalidad y control institucional dentro de la LPFF".
Alcaine denuncia que, desde enero de 2024, se le ha restringido de forma irregular el acceso a documentación contable, grabaciones de las sesiones colegiadas y funciones estatutarias propias de su cargo. "A pesar de requerimientos formales mediante burofax, ni la presidencia ni la dirección general han facilitado la información requerida, impidiendo el legítimo ejercicio de mis funciones", subrayó.
Por todo ello, el vicepresidente de la LPFF ha solicitado al CSD que remita estos hechos al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y la inhabilitación por dos años por cada una de las dos infracciones a Beatriz Álvarez Mesa.
Asimismo, pide que se evalúen también las responsabilidades del director general, Pablo Vilches, por su "intervención activa en la convocatoria de la Asamblea y su negativa reiterada a cumplir con los estatutos y requerimientos formales".
"Esta denuncia refleja un deterioro institucional progresivo dentro de la LPFF, en la que se han vulnerado los principios democráticos, de buena gobernanza y de control interno", concluye Alcaine, quien confía en que el CSD y el TAD actúen "con firmeza" para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, "proteger los derechos de los órganos electos" y "salvaguardar el correcto funcionamiento" de una institución clave para el desarrollo del fútbol femenino profesional en España.
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