
Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos de Perú han condenado la ley de amnistía de la que podrán beneficiarse policías y militares procesados por violaciones cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y el año 2000, una medida que allana el camino a la "impunidad" para cientos de personas.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH), que agrupa a más de 70 organizaciones, ha indicado en un comunicado que esta nueva ley "viola los Derechos Humanos" y ha rechazado la aprobación dada esta misma semana por parte del Congreso.
Esta amnistía contemplaría 156 casos en los que el Poder Judicial ya ha emitido fallos definitivos y 600 procedimientos que siguen en curso, lo que, de acuerdo con estas organizaciones, representaría "un retroceso sin precedentes en los avances en materia de Justicia en Perú".
El listado abarca casos catalogados como significativos y que permanecerían documentados, como el proceso judicial contra 33 oficiales de la Marina acusados de la matanza en la isla El Frontón, situada frente a las costas de la capital peruana, Lima, y que se remonta a 1986. Estos hechos tuvieron lugar durante el primer mandato del expresidente Alan García (1949-2019), cuando infantes de marina ejecutaron a más de un centenar de reclusos amotinados.
Además, la coordinadora ha recordado la matanza de Cayara, comunidad andina donde militares asesinaron a 33 civiles en mayo de 1988 y septiembre de 1989, también durante el mandato de García.
Quienes no podrán acogerse a la medida de gracia son aquellos procesados por delitos de terrorismo o corrupción cometidos durante las dos décadas señaladas, que estuvieron marcadas por numerosos atentados, golpes de Estado, acciones armadas y violaciones generalizadas y sistemáticas contra las libertadas por todas las partes del conflicto.
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