Bogotá, 3 jun (EFE).- El anuncio del presidente colombiano, Gustavo Petro, de que convocará esta semana por decreto una consulta popular para aprobar su reforma laboral, a pesar del concepto contrario del Senado, fue criticado este martes por políticos de distinto signo que ven en ese paso una ruptura institucional.
"La Corte Constitucional tendrá en sus manos (...) el decreto de convocatoria de consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo (sic), sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia", expresó Petro en una alocución al país.
De inmediato, políticos y analistas advirtieron del peligro que supone para la democracia colombiana que el Poder Ejecutivo desconozca una decisión del Legislativo y actúe por su cuenta.
"Que el presidente de la República pase por encima del Congreso de la República, como lo acaba de anunciar el presidente Gustavo Petro en televisión, es un hecho grave: constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático", manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Según Galán, que ha enfrentado la oposición de Petro en la Alcaldía, el Senado ya "negó la convocatoria a la consulta popular" el pasado 14 de mayo y "cualquier duda que exista sobre esa decisión se debe alegar por vías judiciales, no pasando, en ningún caso, por encima del Congreso".
"Como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima. Lo que dijo Gustavo Petro hace pocos minutos sobre convocar a la consulta popular por decreto, no sorprende, más bien ratifica su talante antidemocrático", expresó por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Petro insistió hoy en que tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular "porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República, hicieron trampa" y aseguró que la mayoría del pueblo apoya su proyecto de reforma laboral, que mejora las condiciones de los trabajadores.
A las críticas se sumó la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien manifestó en X: "El plan de Gustavo Petro de saltarse al Congreso con decreto para consulta popular es inconstitucional y una amenaza más de su parte a las instituciones democráticas".
"Hasta que finalmente se pasó por la faja la división de poderes y el Estado de derecho. No se pudo resistir a la tentación. Ahora, sociedad civil e instituciones puestas a prueba, deberemos demostrar que estamos en condiciones de contener y retrotraer este retroceso democrático", opinó por su parte la analista política Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes.
En la misma línea se manifestó el exministro de Justicia, del Interior y exprocurador general Fernando Carrillo Flórez, quien ve en el anuncio de Petro un conjunto de "inconstitucionalidades".
"El tal 'decretazo' sería un golpe triple y frontal al legislativo, al judicial y sobre todo a la Constitución del 91 al burlar la separación de poderes (...) Un paso clarísimo a una dictadura que pisotea la Constitución", expresó.
Para el excandidato presidencial Sergio Fajardo, Petro "hoy pasó al ataque y declaró la guerra al Congreso de la República al anunciar que va a convocar la consulta por decreto".
"Una jugada que atenta contra las instituciones, ignora los límites democráticos y apuesta, otra vez, por el odio y la confrontación. Está jugando con candela, y no tiene problema en llevarse por delante a Colombia", sentenció Fajardo.
Previamente, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que demandará el decreto con el que el Gobierno busca realizar la consulta popular.
"Ese es un despropósito, si lo hace definitivamente. Lo he venido diciendo (desde) hace varios días y en el momento en el que lo firmen, si lo llegan a firmar, será demandado inmediatamente", expresó Cepeda, del Partido Conservador y uno de los mayores opositores a Petro.
A pesar del rechazo inicial a la reforma laboral, en marzo pasado, y a la consulta popular hace dos semanas, el Senado está enfocado en sacar en tiempo récord otra versión de la reforma que ya fue aprobada en tercer debate. EFE
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