El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), a la que pertenece la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria en España--, ha alertado en una declaración oficial de los "riesgos" que, en su opinión, entraña "tanto para la independencia judicial como para la salud democrática" del país la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal anunciada por el Gobierno.
El pronunciamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "la tramitación del proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal excede con mucho lo que su título sugiere" porque "no fortalece, sino que modifica los equilibrios internos del Poder Judicial y altera las condiciones de acceso y promoción, con efectos profundos y duraderos".
En concreto, denuncia que "introduce criterios de selección alternativos al sistema de oposición, reduciendo el filtro objetivo y abriendo la puerta a valoraciones más subjetivas o dependientes"; "aumenta la inseguridad funcional, consolidando figuras temporales o interinas que no disfrutan de las mismas garantías"; y "refuerza la capacidad del Ejecutivo en la configuración del sistema, tanto directa como indirectamente".
La UIM indica que "a la reforma se suma un contexto de presión política cada vez más evidente", señalando en este sentido que "miembros del Gobierno de España han realizado declaraciones públicas desacreditando a jueces que instruyen procedimientos sensibles, relacionados con el entorno del presidente del Gobierno".
"Se han cuestionado sus méritos, su capacidad y su imparcialidad, en tono claramente despectivo, con el objetivo --implícito pero evidente-- de socavar su autoridad y condicionar su actuación", lamenta.
La organización advierte de que "este tipo de conductas, impropias de una democracia madura, forman parte de un patrón" que ha visto en otros países: "primero se desacredita públicamente a los jueces; luego se reforman sus estructuras; finalmente, se transforma su naturaleza". "La experiencia comparada enseña que los retrocesos democráticos no siempre se anuncian: a menudo, se tramitan", subraya.
A su juicio, "la combinación de reforma legislativa regresiva y presión política directa configura un escenario de intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho", por lo que no solo expresa su "preocupación" ante "el rumbo que está adoptando España" sino que exige la retirada o la revisión sustancial de la reforma anunciada para que respete "los principios de acceso por mérito, igualdad y objetividad".
"El Poder Judicial no es un obstáculo a gestionar, ni una estructura a 'ordenar'. Es una garantía, y lo es para todos los ciudadanos", remacha la UIM.
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