Bogotá, 2 jun (EFE).- El exministro de Defensa y embajador designado de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, aseguró este lunes que él y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, son víctimas de "persecución" por parte de la Fiscalía de Guatemala, luego de que una Sala de Apelaciones de ese país ordenara su detención a petición del Ministerio Público.
"Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal (Rafael) Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí", escribió Velásquez en X.
El exministro expresó su "solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio".
Velásquez publicó este mensaje poco después de que se conociera que la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco ordenó su captura y la de Camargo por supuestas irregularidades durante su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El caso está relacionado con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Dicha Sala de Apelaciones ha sido señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.
La solicitud de detención fue planteada por el Ministerio Público guatemalteco, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción y por intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León, actual mandatario de ese país.
Esta no es la primera vez que la Fiscalía guatemalteca actúa contra Velásquez. En 2023, el Ministerio Público anunció que emprendería acciones legales en su contra por su gestión al frente de la Cicig, en el marco del caso de corrupción vinculado a Odebrecht y la misma advertencia se extendió a Luz Adriana Camargo.
Según el fiscal Rafael Curruchiche, Velásquez habría permitido en 2017 la aprobación de acuerdos de cooperación irregulares con dos directivos de Odebrecht.
Ese episodio tensó las relaciones entre los dos países pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano, en aquel momento gobernado por Alejandro Giammattei, se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra su entonces ministro de Defensa.
La decisión de este lunes de la Sala de Apelaciones fue criticada por el exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, quien recordó en sus redes sociales que los magistrados de apelaciones no cuentan con la facultad de emitir órdenes de aprehensión, de acuerdo a la ley guatemalteca.
En 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.
La Cicig, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios. EFE
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