Al menos 30 personas han sido detenidas en las últimas horas en Turquía, entre ellas un exdiputado y varios alcaldes del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), durante una nueva macrorredada "anticorrupción" en varias ciudades del país, con Estambul a la cabeza, que los críticos denuncian como una nueva acción de persecución política.
Entre los detenidos se encuentran el exlegislador del CHP Aykut Erdogdu, así como tres alcaldes de distrito de Estambul y otros dos de la provincia de Adana, en el sur del país, según ha informado la agencia oficial de noticias turca Anadolu. Se trata del alcalde de Gaziosmanpasa, Hakan Bahçetepe; el alcalde de Avcilar, Utku Caner Çaykara; el alcalde de Ceyhan, Kadir Aydar; el alcalde de Seyhan, Oya Tekin, y el alcalde de Büyükçekmece, Hasan Akgün.
La investigación está a cargo de la Fiscalía General de Estambul y se centra en la presunta corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Estambul, escenario de presuntas actividades de crimen organizado e irregularidades en varios departamentos del distrito.
"Un total de 47 sospechosos han sido objeto de órdenes de búsqueda, incautación y detención en el marco de cuatro expedientes de investigación diferentes. Los procedimientos siguen llevándose a cabo", ha añadido la Fiscalía en su nota.
En marzo, varios altos funcionarios cercanos al candidato presidencial de la oposición y exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fueron encarcelados. Imamoglu, quien fue suspendido de su cargo, enfrenta múltiples cargos, incluyendo soborno, fraude, manipulación de licitaciones y presuntos vínculos con el terrorismo, acusaciones que él niega rotundamente.
Imamoglu es ampliamente considerado como el rival más fuerte del presidente Recep Tayyip Erdogan. En las elecciones locales de 2024, el CHP obtuvo el control de importantes ciudades, incluyendo Estambul y la capital, Ankara, lo que representó un duro revés para el partido gobernante de Erdogan, el AKP.
La reciente ola de arrestos ha intensificado las tensiones políticas, y la oposición y grupos de derechos humanos acusan al gobierno de utilizar el poder judicial para obtener réditos políticos.
Opositores como el partido prokurdo Partido Popular por la Igualdad y la Democracia (DEM) han condenado también la operación. "Los intentos de resolver disputas políticas a través del poder judicial y estas prácticas dirigidas a representantes electos son inaceptables", ha lamentado.
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