Roma, 30 may (EFE).- Una coalición de organizaciones de búsqueda y rescate en el mar ha sido aceptada como parte civil en el juicio a seis agentes de las fuerzas del orden italianas por su presunta responsabilidad en el naufragio de un barco de migrantes en febrero de 2023, en el que murieron 94 personas frente a las costas de Calabria (sur).
Las ONG Emergency, Louise Michel, Mediterranea Saving Humans, Sea-Watch, SOS Humanity y SOS Mediterránee "exigen el respeto del derecho internacional, también en el Mediterráneo, y que las autoridades responsables sean llamadas a responder por la negligencia deliberada en las operaciones de rescate en el mar", indicaron en un comunicado.
Los acusados son cuatro agentes de la Guardia de Finanzas (policía aduanera) y dos de la Guardia Costera italiana a los que la Fiscalía imputa los delitos de naufragio imprudente y homicidio múltiple.
Los hechos ocurrieron la noche del 25 de febrero de 2023 frente a las costas de Crotone (Calabria) cuando un pesquero en el que viajaban unos 180 migrantes, en su mayoría afganos, iraníes, paquistaníes y sirios, se hundió a sólo 150 metros de la playa de Steccato de Cutro.
El número de víctimas mortales ascendió a 94, de las cuales 35 eran menores, con numerosos desaparecidos, en uno de los naufragios más mortíferos ocurridos en los últimos años en las costas italianas.
El caso provocó gran indignación en Italia tras conocerse que Frontex, la agencia europea de vigilancia fronteriza, había alertado a las autoridades italianas sobre la presencia de un barco en peligro y, sin embargo, no se llevó a cabo ninguna operación de rescate hasta que los propios vecinos escucharon los gritos de los migrantes pidiendo ayuda.
El Tribunal de Crotone también ha admitido como parte civil a unos 70 familiares de las víctimas, según los medios locales.
"Las autoridades italianas ignoraron su deber de rescate, pero esta gravísima omisión que tuvo consecuencias dramáticas no puede quedar impune. No se debe permitir más que los responsables, incluidos los niveles de decisión más altos, queden indemnes mientras las personas continúan ahogándose en el mar", según las ONG.
Añaden que "el juicio no puede detenerse en los funcionarios de menor rango y cada decisión, incluso las de las autoridades superiores, debe ser considerada remontándose a la cadena de mando".
Tras la tragedia, en la que murieron 35 niños, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó el denominado Decreto Cutro sobre la inmigración, que restringe las posibilidades de solicitar asilo y aumenta las penas para los traficantes.
El decreto también incluye medidas para agilizar el proceso de expulsión, mejorar los centros de permanencia para la repatriación y regular la gestión de los centros de acogida de inmigrantes, limitando el estatus de "protección especial" para aquellos que no tengan derecho al asilo o protección subsidiaria. EFE
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