'Hacker' español desvincula a ex alto cargo del Gobierno de sus actividades ilegales

El 'hacker' Alcasec defiende la inocencia del ex secretario de Estado Francisco Martínez en sus actividades ilegales relacionadas con una red de ciberataques y espionaje gubernamental

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Madrid, 29 may (EFE).- El 'hacker' español José Luis Huertas, conocido como Alcasec, desvincula a un ex número dos del Ministerio del Interior de sus actividades ilegales en su declaración ante una jueza de la Audiencia Nacional, que ha enviado a ambos a prisión por vinculación con una red de ciberataques.

La jueza María Tardón envió este jueves a prisión provisional a José Luis Huertas y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que fueron detenidos el martes por estar vinculados con el robo de datos sensibles a millones de españoles.

Según informaron a EFE fuentes jurídicas, durante su declaración ante la magistrada este jueves, el 'hacker' aseguró que el que fue alto cargo del Gobierno en la década de 2010 no ha tenido participación alguna en la actividad de sus empresas, ni en la legal ni en la supuestamente ilegal por la que está siendo investigado.

Alcasec sostiene que Martínez solo tuvo relación con la creación de sus empresas, pero no con su funcionamiento posterior.

Por su parte, y según fuentes presentes en la declaración, Martínez dijo a la jueza que él nunca se ha enriquecido con los datos con los que presuntamente comercializaba Alcasec.

Relató que Alcasec es un niño sin padre que se metió en problemas siendo menor y que él solo intentó ayudarle, primero como abogado y luego como referente, a entrar en entornos profesionales o a crear dos sociedades, de las que ha asegurado que desconocía su evolución.

Tras las declaraciones, la magistrada, a instancias de la Fiscalía, acordó prisión preventiva sin fianza para los dos investigados.

El ex secretario de Estado de Seguridad entre 2011 y 2016 se encuentra procesado por dos casos de presunto espionaje a partidos políticos.

El 'hacker' ya estuvo en prisión en 2023 por el ataque a una web del Consejo General del Poder Judicial en España, pero quedó en libertad provisional al colaborar con la Justicia, lo que permitió la recuperación de casi un millón de euros que había obtenido de la venta de datos.

En esta causa por la que se le ha enviado a prisión se le vincula con una organización que contaría con una sofisticada infraestructura tecnológica diseñada para maximizar la extracción, el almacenamiento, el procesamiento y la explotación de datos obtenidos ilícitamente.

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