La Paz, 28 may (EFE).- Un informe presentado este miércoles por la Fundación Tierra (privada) estableció que el 66 % de los 12,6 millones de hectáreas de bosques y pastizales devastados por los incendios forestales en Bolivia en 2024, considerados como la mayor catástrofe ambiental en la historia del país, se debieron a "quemas malintencionadas".
El estudio 'Incendios forestales 2024: tras las huellas del fuego' reporta aspectos como el número de hectáreas de bosque afectadas, los orígenes de los incendios, los responsables del daño ambiental, además de una serie de recomendaciones.
Gonzalo Colque, investigador principal del informe, explicó que los 12,6 millones de hectáreas representan "la cifra más alta de la historia de Bolivia", concentradas en el departamento oriental de Santa Cruz (8,5 millones de hectáreas) y la región amazónica de Beni (3,4 millones).
"Los bosques dentro de la zona quemada representan 7,6 millones de hectáreas (60 %) y el restante, 5 millones (40 %), son pastizales, sabanas y áreas sin vegetación alta", agregó.
"El 95 % son quemas provocadas por la mano del hombre, son incendios intencionados, divididos en agropecuarios y malintencionados", indicó el investigador, tomando como referencia lo sucedido en Santa Cruz, la mayor región y el motor económico de Bolivia.
Colque precisó que las "quemas malintencionadas" representaron el 66 %, mientras que las quemas agrícolas el 34 % restante.
Las quemas agrícolas, o chaqueos, son incendios autorizados para habilitar terrenos para la siembra, el ganado o la expansión de la frontera agrícola, y suelen realizarse a mitad de cada año.
Las "quemas malintencionadas" se refieren a fuegos realizados sin trabajos preventivos de limpieza del terreno ni habilitación de corredores que separen las áreas agrícolas del bosque.
Los responsables identificados son ocupantes ilegales en áreas protegidas, ocupantes no autorizados en territorios indígenas, empresas agropecuarias y ocupantes en tierras fiscales, detalló Colque.
El director de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, afirmó que "la lucha efectiva contra los incendios es el principal desafío", ya que "las demandas de sectores preocupados por asuntos ambientales no son escuchadas por el Estado".
Chumacero explicó que las recomendaciones se orientan a un "efectivo monitoreo y fiscalización de las quemas", la identificación de las "áreas neurálgicas" de los incendios, junto a una auditoría técnica y jurídica a las autorizaciones de deforestación en áreas protegidas, entre otras medidas.
En 2024, el Gobierno de Luis Arce reconoció que los incendios fueron la mayor catástrofe ambiental en la historia del país y, por ello, declaró la "emergencia nacional", lo que permitió a Bolivia recibir ayuda internacional.
Asimismo, el Ejecutivo decretó una pausa ambiental por 10 años. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, señaló recientemente que dicha determinación será levantada para dar "autorización limitada" a los chaqueos. EFE
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