San Salvador, 28 may (EFE).- Familiares de los 5 ambientalistas procesados penalmente en El Salvador por supuestamente participar en el asesinato de una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992), pidieron este miércoles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue un posible conflicto de intereses de uno de los jueces de la causa.
Milton Rivas, hijo del procesado Pedro Rivas, dijo a periodistas que en un escrito pidieron a la Sección de Investigación de la Corte Suprema que "investigue al juez que lleva el caso de los ambientalistas" a fin de que se "revise si de verdad tuvo implicaciones durante el conflicto armado como miembro activo de la guardia nacional".
Se trata del juez Hugo Bánzer Flores Alas, quien preside el Tribunal de Sentencia de San Vicente, la instancia encargada de repetir el juicio contra los ambientalistas y líderes comunitarios.
La Guardia Nacional fue un cuerpo de seguridad de corte militar abolido en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz y señalado de participar en violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Rivas apuntó que conocieron mediante investigaciones periodísticas que "este juez fue parte de la Guardia Nacional" y que, "si eso es así, él debe ser apartado del proceso porque esto genera un conflicto de intereses" y "el tema de la imparcialidad se pierde".
En abril pasado, los pobladores de la remota localidad rural de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) pidieron en un comunicado que se realice esta investigación administrativa.
El conflicto, de acuerdo con la organización, surge a partir de que los ambientalistas procesados pertenecieron a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
"Flores Alas fue miembro de la extinta Guardia Nacional, uno de los cuerpos represivos de seguridad estatal durante la guerra; es decir, perteneció al bando contrario al de los compañeros ambientalistas y, por tanto, estaría ética y legalmente inhabilitado para participar en el nuevo juicio", indicaron portavoces de ADES.
Los ambientalistas Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas son procesados desde enero de 2023 y pertenecen a la ADES, además de Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta.
Igualmente, son procesados Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
El proceso contra los ambientalistas fue sobreseído el 18 de octubre del año pasado por un juzgado de sentencia de la localidad de Sensuntepeque (noreste), pero una corte de apelaciones revirtió el fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio. EFE
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