Los coeficientes reductores para el anticipo de la jubilación en trabajos penosos se revisarán cada 10 años

Los coeficientes reductores para el anticipo de la edad de jubilación en aquellas actividades que sean calificadas como penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres se revisarán cada diez años, para comprobar si, como consecuencia de los avances científicos, de la aplicación de nuevas tecnologías o por cualquier otro motivo, desaparecen las causas que las llevaron a ser consideradas como tales o disminuyen los efectos de éstas.

Así lo recoge el Real Decreto-ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros para regular el procedimiento en la aplicación de estos coeficientes en estas actividades y cuyo contenido publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con lo establecido en esta norma, los efectos de la revisión de los coeficientes reductores para la anticipación de la edad de jubilación no afectarán a la situación de los trabajadores que, con anterioridad a la misma, hubiesen desarrollado su actividad ni a los periodos de ejercicio de aquélla.

Según el Gobierno, el procedimiento previo implantado en la norma facilita que los trabajadores se beneficien, por una parte, de una mejora de sus condiciones de trabajo y, por otra, si ello no es posible, de una rebaja de su edad de jubilación, con el beneficio añadido de considerar como cotizado, a los exclusivos efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión, el tiempo en que se reduzca la edad de jubilación.

Este procedimiento se aplicará a nuevos colectivos, sectores y actividades u ocupaciones, en los grupos de trabajo que actualmente no tienen reducción de la edad de jubilación, pero no afectará a los trabajadores que ya disfruten de dicha reducción, como las personas trabajadoras del mar, mineros, personal de vuelo.

La norma entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, el 18 de junio, y tendrá efectos, en cuanto al procedimiento regulado, en el mismo día en el que entre en vigor la orden ministerial conjunta para la creación de la llamada Comisión de Evaluación.

La pensión de jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores reconocidos a la actividad no se podrá compatibilizar con el desempeño de la misma actividad que originó el adelanto de la jubilación.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma se creará un grupo de trabajo integrado por representantes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de la Secretaría de Estado de Trabajo, de la Inspección, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio para la Transformación Digital, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y del Instituto de las Mujeres, así como de empresarios y sindicatos, para analizar y evaluar la dimensión de género en la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas ocupaciones con mayor presencia femenina.

Asimismo, en el plazo de seis meses desde su constitución, este grupo estudiará las ocupaciones o actividades profesionales en sectores concretos donde los requerimientos físicos o psíquicos del desempeño del trabajo a partir de una edad supongan penosidad, pero no se acrediten elevados índices de morbilidad o mortalidad. En el ámbito del diálogo social se analizará la posibilidad de la jubilación parcial para estos sectores productivos.

El grupo de trabajo, en el plazo de un año desde su constitución, analizará si resulta necesario acometer cambios normativos.

En concreto, la norma establece los criterios, basados en indicadores objetivos, para permitir el adelanto de la edad ordinaria de jubilación a las personas que desarrollen su actividad profesional en ocupaciones de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad y no puedan beneficiarse de una mejora de sus condiciones de trabajo.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS TRABAJADORES QUE PODRÍAN BENEFICIARSE

El Real Decreto define la naturaleza de las actividades profesionales que pueden acceder a estos coeficientes reductores para el anticipo de la jubilación. En ningún caso, la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores podrá anticipar la edad de jubilación de los trabajadores a una edad inferior de 52 años.

Dentro de los criterios para determinar la penosidad de una actividad, se encuentran, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones; el uso permanente de la fuerza física, y la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

En cuanto a la toxicidad, estarán bajo esta condición los trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos.

La peligrosidad, por su parte, contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que en otros trabajos.

Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.

INDICADORES "OBJETIVOS" PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE COEFICIENTES

Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes reductores, la norma establece una fórmula basada en "indicadores objetivos".

Así, se tendrá en cuenta la incidencia del número total de procesos de incapacidad temporal del colectivo durante un periodo de observación en relación al total de trabajadores del colectivo, tanto de contingencia común como de profesional, para cada grupo de edad y sexo.

Se tomará también en consideración la incidencia de sucesos graves que mide el número total de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente del colectivo en relación con el total de trabajadores de dicho grupo.

Al mismo tiempo, habrá también un indicador de duración media para medir el número total de días de los procesos de incapacidad en relación con el conjunto de procesos.

Posteriormente, la Seguridad Social se encargará de elaborar un informe de morbilidad y mortalidad, donde se tendrán en cuenta otros factores como las contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica.

La aplicación de los coeficientes reductores que se establezcan conllevará un incremento en la cotización a la Seguridad Social para ese colectivo que se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

Este incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del trabajador.

CÓMO SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DEL COEFICIENTE REDUCTOR

La solicitud para iniciar el proceso de reconocimiento de estos coeficientes especiales deberá ser realizada por medios electrónicos y conjuntamente por organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y, en algunos casos, por las propias administraciones públicas.

Se realizará ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que emitirá un informe de morbilidad y mortalidad, y recabará informes de la Inspección de Trabajo y del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y, si es para empleados públicos, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Dichos informes se remitirán a una comisión de evaluación que contará con la presencia de los agentes sociales y que emitirá el informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores.

Una vez resuelto dicho procedimiento previo se podrá, en su caso, iniciar los trámites, mediante la aprobación del correspondiente Real Decreto, para que la edad ordinaria de jubilación exigida en cada caso pueda ser rebajaba mediante la aplicación de coeficientes reductores en aquellas ocupaciones que resultan afectadas.