Bruselas, 28 may (EFE).- Las emisiones excesivas de gases tóxicos causadas por el fraude en la industria automovilística conocido como 'dieselgate', destapado hace diez años, ha causado 124.000 muertes prematuras en el periodo 2009-2024 en la Unión Europea y el Reino Unido, según un informe publicado este miércoles.
El informe, publicado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) y encargado por la organización de derecho ambiental ClientEarth, calculó en quince millones de días de baja por enfermedades ligadas a esas emisiones de gases tóxicos y evaluó la carga económica asociada al impacto en la salud en 760.000 millones de euros en ese período de quince años analizado.
Si no se toman medidas para eliminar los dispositivos de desactivación prohibidos, el informe estima 81.000 muertes prematuras adicionales y un impacto económico de 430.000 millones de euros entre 2025 y 2040.
Por lo que, en toda la Unión Europea y el Reino Unido, el informe evalúa en 205.000 las muertes prematuras durante el período 2009-2040, con un coste económico de 1,2 billones de euros.
El informe, que se presenta como el más completo hasta la fecha sobre las repercusiones sanitarias y económicas de las emisiones ilegalmente elevadas de óxidos de nitrógeno (NOx), probablemente vinculadas al uso de dispositivos de desactivación prohibidos, se basó en datos de teledetección recopilados por el Consejo Internacional de Transporte Limpio, la organización que destapó el escándalo del 'dieselgate' en 2015.
"Nuestros cálculos revelan los efectos generalizados y devastadores que las emisiones excesivas de diésel tienen en la salud: miles de vidas truncadas, innumerables niños que desarrollan asma y una inmensa carga de enfermedades crónicas", manifestó el doctor Jamie Kelly, del CREA y autor principal del estudio.
Kelly advirtió que "si no se toman medidas, estos impactos se prolongarán en el futuro, afectando a las generaciones venideras" e instó a los gobiernos de la UE y del Reino Unido a "romper este ciclo".
Pese a que el escándalo afectó fundamentalmente al grupo alemán Volkswagen, los autores del informe señalan que ha surgido abundante evidencia que indica que el uso de la tecnología de dispositivos de desactivación es un problema que afecta a toda la industria.
Y denuncian que, a pesar de ello, las autoridades de la UE y el Reino Unido han hecho poco para abordar el problema y exigir a los fabricantes que ofrezcan soluciones eficaces.
En cambio, los consumidores individuales se han visto obligados a luchar por una compensación económica de los fabricantes a través de los tribunales, dejando estos vehículos excesivamente contaminantes en las carreteras, lamentaron CREA y ClientEarth en un comunicado conjunto.
"Los gobiernos deben dejar de dar largas y exigir responsabilidades a los contaminadores ya. La Comisión Europea también tiene un papel clave que desempeñar para garantizar una acción conjunta. Si se lleva a cabo alguna retirada de vehículos, la ley establece claramente que corresponde a los fabricantes asumir los costes", dijo la abogada de ClientEarth, Emily Kearsey. EFE
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