Palma (España), 27 may (EFE).- Cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición -algunos de ellos canibalizados- junto a aves vivas, presencia masiva de ratas y erizos, así como contenedores con restos en estado de putrefacción infestados de gusanos es lo que se encontró en una granja avícola de Llucmajor, ubicada en la turística isla española de Mallorca.
La investigación, impulsada por las organizaciones ecologistas ARDE y Satya Animal, reveló graves deficiencias higiénico-sanitarias y maltrato animal. Ambas informaron este martes en un comunicado de que presentaron a la Fiscalía de Medioambiente del archipiélago de Baleares una denuncia formal por presuntos delitos contra la salud pública y estafa.
A pesar de contar con el sello de bienestar animal Welfair, la granja, que alberga 136.000 gallinas ponedoras distribuidas en siete naves, reveló una situación que fue calificada por los denunciantes como una “pesadilla” tanto para los animales como para los vecinos de la zona.
También se detectaron extintores caducados y puertas cerradas durante al menos seis días, que impedían el acceso al exterior de las gallinas catalogadas como camperas, lo que vulneraría el reglamento europeo 2023/2465 sobre bienestar animal.
Las dos entidades denunciantes subrayaron que la explotación, la mayor del archipiélago balear en número de aves, fue sancionada en 2024 con una multa de 150.000 euros por carecer de la autorización ambiental integrada desde 2017, y por una inadecuada gestión de excrementos.
Sin embargo, la empresa recibió más de 380.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feader) para la construcción de un centro de clasificación de huevos y continuaba operando sin los permisos requeridos.
Por su parte, la entidad ecologista Greenpeace exigió su clausura inmediata y reclamó además que las autoridades competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, pongan en marcha una inspección urgente de esta y todas las explotaciones intensivas de España y actúen "con mano firme". La organización advirtió de que este caso no puede considerarse aislado.
La Guardia Civil (instituto armado español) y la Consejería de Agricultura de la región, situada en el Mediterráneo, inspeccionaron hoy la granja.
El consejero del ramo, Joan Simonet, informó de la apertura de una investigación a esta granja que solo comercializa huevos y no carne de gallina. No obstante, fue muy cauto al ser preguntado por la posibilidad de cerrar la granja y lo que pasaría con las 136.000 gallinas ponedoras.
A nivel sanitario, las organizaciones advierten del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis o la salmonella debido a la convivencia con otras especies animales.
La situación también afecta directamente a la población residente del municipio de de Llucmajor, donde los vecinos denunciaron plagas de moscas, malos olores y problemas de salud como migrañas, vómitos y afecciones respiratorias.
En 2024, asociaciones vecinales denunciaron el vertido de centenares de gallinas muertas en una zanja excavada presuntamente por la propia granja, lo que podría constituir una infracción de la normativa de gestión de residuos biológicos.
Ante esta situación, las asociaciones ecologistas, animalistas y vecinales exigen el cierre inmediato y definitivo de la explotación y apelan a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que impide autorizar proyectos ya ejecutados que no hayan sido evaluados previamente.
Esta legislación podría obligar a la empresa a cesar su actividad, desmantelar las instalaciones y restaurar el entorno afectado. EFE
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