El bloqueo de la ley que endurece castigos por no usar el hiyab revela las tensiones internas en las autoridades

La reciente decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán sobre la no aplicación de una ley que endurece las normas relativas al uso del velo islámico en público, descrita por expertos de Naciones Unidas como "apartheid de género", revela las diferencias internas en el seno de las autoridades sobre este tema, especialmente a raíz de las masivas protestas de 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, especificó el domingo que el organismo, que tiene como objetivo "salvaguardar los intereses nacionales y preservar la Revolución Islámica" de 1979, entre otros, había dado orden de no aplicar esta legislación, aprobada por el Parlamento en septiembre de 2023, meses después del estallido de las protestas del movimiento 'Mujer, Vida, Libertad'.

La legislación, conocida oficialmente como Ley de Protección de la Familia a través de la Promoción de la Cultura del Hiyab y la Castidad, recibió luz verde del legislativo el 20 de septiembre de 2023, siendo aprobada poco más de un año después por el Consejo de Guardianes, que debe adoptar todos los proyectos enviados por el Parlamento y asegurarse de que no violen la Constitución ni el Derecho islámico.

Sin embargo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha salido finalmente al paso de la situación ante las críticas de sectores ultraconservadores por la falta de promulgación de la medida por parte del presidente, el reformista Masud Pezeshkian, para afirmar que la misma no sea aplicada por ahora, si bien no está claro si podría recibir respaldo en el futuro.

Así, Qalibaf sostuvo que el organismo "ha notificado por escrito al Parlamento que esta ley no debe ser aplicada por ahora". "De esta forma, no puedo promulgar la ley", manifestó, en referencia a la citada legislación, integrada por 74 artículos destinados a endurecer la aplicación de la obligatoriedad del uso del velo y otros códigos de vestimenta y moralidad.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional está integrado por los jefes de las tres ramas del Gobierno, el jefe del Consejo Supremo de Mando de las Fuerzas Armadas, los ministros de Exteriores, Interior e Información, los líderes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria y dos representantes nombrados por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El artículo 176 de la Constitución iraní recoge que sus responsabilidades incluyen "determinar las políticas de defensa y seguridad nacional, en el marco de las políticas generales determinadas por el líder" y "coordinar actividades en áreas sobre política, Inteligencia, sociedad, cultura y economía, en relación con las políticas generales de defensa y seguridad".

DIFERENCIAS ENTRE ULTRACONSERVADORES Y REFORMISTAS

La decisión es reflejo de las tensiones en el seno de los organismos de poder en Irán, marcadas por las presiones de sectores ultraconservadores para endurecer estas medidas ante las "reservas" expresadas públicamente por Pezeshkian sobre esta nueva ley, debido a las "dudas y ambigüedades" en torno a la aplicación de la polémica legislación.

Así, el mandatario, en el cargo desde julio de 2024, argumentó que "intentando arreglar algo, pueden dañarse muchas otras cosas con esta intervención", antes de apostar por mantener "conversaciones" para encontrar una solución que "preserve los principios y valores religiosos sin hacer nada que altere el consenso y genere descontento en el seno de la sociedad".

El propio Pezeshkian abogó durante su campaña por retirar de las calles a la 'Policía de la Moral' y defendió la necesidad de abordar desde un punto de vista más abierto el código de vestimenta, al tiempo que se mostró crítico con la represión de las protestas por la muerte de Amini, fallecida bajo custodia tras ser detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo.

En esta línea, el entonces vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán, Mohamad Yavad Zarif, aseguró en enero que paralizar la citada ley sería "un paso en la buena dirección". La postura adoptada por el nuevo Ejecutivo supone una drástica separación de las políticas aplicadas por el predecesor de Pezeshkian, el ultraconservador Ebrahim Raisi, fallecido en mayo de 2024 en un accidente de helicóptero junto a varios altos cargos, entre ellos el entonces ministro de Exteriores, Hosein Amirabdolahian.

De hecho, Raisi describió en septiembre de 2023 la muerte de Amini como "un incidente" y redobló sus acusaciones contra países occidentales por una "guerra híbrida" contra Teherán, que desató una de las mayores oleadas de movilizaciones contra las autoridades en las últimas décadas, reflejo del malestar por el control sobre el código de vestimenta y la represión de las voces disidentes en Irán.

"Irán respondió rápidamente y dio seguimiento al asunto", explicó en una entrevista a la cadena estadounidense NBC, en la que defendió que la muerte de la joven fue "investigada" y que "se llevaron a cabo todo tipo de acciones judiciales" para dar un seguimiento adecuado al suceso. Como consecuencia de las protestas, los tribunales iraníes han dictado condenas contra decenas de participantes, incluida la ejecución de varias personas sentenciadas por participar en ataques y matar a miembros de las fuerzas de seguridad.

LA POLÉMICA LEY

El polémico proyecto de ley, que superó fácilmente varios procesos de ratificación, expandía las restricciones ya en vigor e incluía multas y otros castigos contra mujeres que no llevaran el hiyab en público o que aparecieran sin él a través de redes sociales o conexiones a través de Internet.

El artículo 638 del Código Penal de Irán contempla ya penas de cárcel de entre diez días y dos meses y multas de entre 50.000 y 500.000 riales (entre uno y diez euros) para las "mujeres que aparezcan en público sin llevar adecuadamente el hiyab", al tiempo que recoge que "cualquiera que viole explícitamente cualquier tabú religioso en público, además de ser castigado por el acto, debe ser encarcelado entre diez días o dos meses o recibir 74 latigazos".

Sin embargo, el proyecto recogía que las penas aplicables ascenderían a condenas de hasta 15 años, al tiempo que reforzaba las multas contra aquellas mujeres condenadas pro estas acciones, llegando a dejar en manos de los jueces la posibilidad de sentenciar a pena de muerte por el cargo de "corrupción en la tierra". Además, incluía prohibiciones de viaje y restricciones a la educación y el empleo de mujeres y niñas condenadas.

Expertos de Naciones Unidas alertaron en diciembre de 2024 que la ley buscaba poner en marcha una "cultura de castidad" en la sociedad, incluida la exigencia de que el currículum académico y las campañas de información pública incorporaran estos conceptos, por lo que denunciaron que suponía una "clara violación de los Derechos Humanos".

En esta línea, la directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Dina el Tahawi, sostuvo que "las autoridades están tratando de afianzar el ya de por sí asfixiante sistema de represión contra las mujeres y las niñas al tiempo que hacen su vida cotidiana aún más intolerable".

A las críticas se sumó Nahid Naqshbandi, investigadora para Irán de Human Rights Watch (HRW), manifestó que "en lugar de responder al movimiento 'Mujer, Vida, Libertad' con reformas fundamentales, el gobierno autocrático intenta silenciar a las mujeres con leyes de vestimenta aún más represivas".

"Esta ley sólo alimentará una fiera resistencia y desafío entre las mujeres dentro y fuera de Irán", argumentó, una posibilidad que el estamento político y religioso del país parece haber contemplado para finalmente dejar la ley aparcada por ahora ante otros frentes diplomáticos y de seguridad abiertos para Teherán en Oriente Próximo.