
Una asociación de familias de las víctimas de las masacres cometidas durante la guerra civil en Libia han denunciado que dos sospechosos vinculados a las infames fosas comunes de Tarhuna escaparon de la custodia de milicias afines al Gobierno de Trípoli durante los enfrentamientos de la semana pasada en el país norteafricano.
Tarhuna, a unos 90 kilómetros del sureste de Trípoli, fue entre 2013 y 2022 el escenario de operaciones de una milicia llamada Al Kaniyat, vinculada primero al que fuera primer ministro del Gobierno de unidad libio, Fayez Serraj, y después a la administración paralela del este del país.
Esta milicia fue responsable de algunos de los actos más cruentos de la guerra. Un informe de la ONU publicado el año pasado apuntó a los guerrilleros como responsables de asesinatos, desapariciones, violencia sexual, secuestros, torturas, malos tratos, desplazamientos forzados y otras graves violaciones y abusos de los derechos humanos, así como graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Desde 2022, equipos de especialistas y de la sociedad civil llevan desenterrando cadáveres en fosas comunes en los alrededores de esta ciudad, y sospechan que podría haber hasta más de un centenar de enterramientos de este tipo.
En este contexto, la Asociación de Víctimas de Tarhuna ha denunciado este fin de semana que dos sospechosos vinculados con las masacres han escapado de la custodia de las milicias del Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), vinculada a las autoridades de Trípoli, reconocidas internacionalmente. La muerte de su líder, Abdelghani al Kikli, conocido como 'Gheniua', en un enfrentamiento armado, fue uno de los principales factores de los gravísimos disturbios que los ahora fugitivos aprovecharon para escapar.
La asociacion ha identificado a los fugitivos como Mohamed al Tahli y Firas al Muqari, ambos buscados en relación con decenas de presuntos asesinatos, torturas y desapariciones forzadas atribuidas a la milicia Al Kaniyat.
La asociación criticó a los ministerios de Defensa e Interior de Libia por lo que describió como la falta de implementación de medidas de seguridad en los centros de detención operados por el Aparato de Apoyo a la Estabilidad antes del estallido de la violencia, según el comunicado recogido por el 'Libya Observer'.
El grupo ha instado al Ministerio del Interior a prevenir que se repitan los hechos, a asegurar a todos los detenidos y a perseguir a los fugitivos junto con los demás miembros restantes de la milicia.
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