Nueve países liderados por Italia y Dinamarca reclaman una revisión de la Convención Europea de Derechos Humanos

Nueve países de la Unión Europa liderados por Italia y Dinamarca han suscrito un llamamiento conjunto para reformar la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que cuestionan la "interpretación" que hace de ella el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), especialmente en el ámbito de las políticas migratorias.

Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania secundan lo que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha calificado este viernes como "una carta "clara y valiente", bajo la premisa de que "defender los derechos también significa defender la seguridad".

"Lideramos sociedades que protegen los Derechos Humanos, pero con demasiada frecuencia la Convención Europea de Derechos Humanos se interpreta de un modo que impide a los Estados expulsar a criminales extranjeros o proteger sus fronteras. No podemos aceptarlo", ha denunciado Meloni en redes sociales.

Los líderes firmantes, que se reivindican como representantes de "familias políticas diferentes", piden comenzar a debatir hasta qué punto los tratados internacionales en vigor "encajan" con los "desafíos" de hoy, en particular la migración. "Ahora vivimos en un mundo globalizado en el que los migrantes cruzan fronteras en un nivel completamente diferente", alegan.

Estos nueve países inciden en que hay migrantes que "han elegido no integrarse" y que suponen un riesgo para la seguridad; una "minoría", añaden, que perjudica la estabilidad social y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Ante este reto, consideran que se han dado algunos pasos "en la dirección correcta", como por ejemplo el endurecimiento de las medidas migratorias, pero entienden que el TEDH "en algunos casos" se ha excedido a la hora de valorar las "intenciones originales" de la Convención para adoptar determinadas sentencias y limitar "decisiones políticas".

"Hemos visto casos relativos a la expulsión de criminales extranjeros en los que la interpretación de la Convención ha protegido a las personas equivocadas y supuesto muchas limitaciones sobre la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsa de sus territorios", reza el texto.

Por ello, los nueve gobiernos reclaman más margen para adoptar este tipo de expulsiones sin temor a futuras trabas judiciales, vigilar a personas potencialmente peligrosas que no pueden ser deportados o responder a los "países hostiles" dispuestos a "instrumentalizar" los flujos migratorios.