El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, evitar la restitución de los juicios militares contra civiles después de que el Parlamento aprobara un proyecto de ley para restaurar esta medida a pesar de que el pasado mes de enero el Supremo ordenara su fin.
La Ley de Enmienda de la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda, nombre oficial de las Fuerzas Armadas del país africano, ha sido aprobada por el Parlamento esta semana y queda ahora pendiente de recibir el aval del presidente para su entrada en vigor. Esta normativa aumenta la jurisdicción de las cortes castrenses y les permite hacerse cargo de casos contra civiles.
"Nos preocupa que en vez de impulsar la decisión contundente del Supremo, los diputados hayan decidido apoyar la idea de restaurar los juicios militares contra civiles, que contravienen los derechos y obligaciones del país en materia de Derecho Internacional", ha alertado Turk en un comunicado.
Por eso, ha dicho, "pido con respeto de forma urgente al presidente Museveni que rechace este proyecto de ley que tome las medidas necesarias para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo". "Estos tribunales son en principio incompatibles con el Derecho Internacional y suponen un grave riesgo para la parcialidad e independencia judicial", ha aclarado.
El tribunal, en su decisión "histórica", había dispuesto que las cortes militares suspendieran todos los juicios civiles y mantuvieran en pie únicamente los que afectaran a soldados, si bien dispuso que los militares imputados por actos contra civiles debían ser igualmente juzgados por la justicia ordinaria.
Tras conocer el dictamen judicial emitido ahora hace cinco meses, la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, aplaudió la medida e instó a las autoridades competentes a cumplir con la decisión del Supremo ugandés.
El fallo llegaba en medio de un proceso abierto en un tribunal militar contra el destacado opositor Kizza Besigye --detenido en noviembre de 2014 en Kenia y trasladado a Uganda--, contra el que pesan varios cargos, incluido el de traición, lo que acarrearía la pena de muerte en caso de que fuera declarado culpable.
Besigye, otrora aliado del presidente de Uganda, ya fue imputado por traición en 2005, cargos que finalmente le fueron retirados. Además, fue arrestado en varias ocasiones en 2022 por su papel en las protestas contra el aumento de los precios de los productos básicos.
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