Las autoridades de Siria ponen en pie un sistema de justicia de transición marcado por su limitado mandato

Las autoridades instauradas en Siria tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a raíz de una ofensiva de yihadistas y rebeldes han iniciado la puesta en pie de un sistema de justicia de transición que ha recibido ya críticas por su limitado mandato, que socava las posibilidades de una rendición de cuentas y compensación para las víctimas.

La Presidencia siria, ocupada por el líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed al Shara --conocido previamente por su nombre de guerra, Abú Mohamed al Golani--, desveló el 18 de mayo la creación de comisiones de justicia y desaparecidos para juzgar crímenes cometidos durante el régimen de Al Assad.

Así, Al Shara firmó el decreto 20 desde su llegada al poder para crear una Autoridad Nacional de Justicia de Transición ante "la necesidad de lograr justicia transicional", algo que describió como "un pilar fundamental para construir un Estado de derecho, garantizar los derechos de las víctimas y lograr una reconciliación nacional exhaustiva".

El mandatario, que trabaja para trasladar garantías a la comunidad internacional sobre su labor para fijar una 'hoja de ruta' inclusiva hacia un Estado democrático ante los temores sobre su pasado y la presencia de extremistas en el poder, afirmó que este organismo "busca descubrir la verdad sobre las graves violaciones del antiguo régimen".

En este sentido, recalcó que entre los principales objetivos están "consolidar los principios de no repetición y reconciliación nacional", antes de destacar que esta comisión, que estará presidida por Abdulbasit Abdulatif, tendrá que formar un equipo de trabajo y fijar las "regulaciones internas" en un plazo de 30 días.

En otro decreto firmado minutos antes, Al Shara formó la Autoridad Nacional de Personas Desaparecidas, liderada por Mohamad Rada Jaljani y cuya labor se centrará en "investigar y descubrir el destino de personas desaparecidas por la fuerza, documentar casos, crear una base de datos nacional y dar apoyo legal y humanitario a sus familias".

Abdulatif es un ex secretario general de la opositora Coalición Nacional Siria que se unió a la disidencia tras desertar en 2012 de su puesto como oficial de la Policía en el régimen de Al Assad, mientras que Jalji es un decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Damasco que fue parte del comité de redacción de la nueva Constitución.

La decisión del presidente se asienta en los objetivos fijados por la Declaración Constitucional de marzo. El documento, que da amplias competencias a Al Shara --lo que ya generó críticas en su momento--, contempla en su artículo 49 la creación de una "comisión de justicia transicional" que "adopte mecanismos efectivos, consultivos y centrados en las víctimas" para "determinar mecanismos de rendición de cuentas, el derecho a conocer la verdad y justicia para víctimas y supervivientes, además de honrar a los mártires".

CAUTO OPTIMISMO

Los decretos de Al Shara fueron aplaudidos por la Unión Europea (UE), que afirmó que se trata de "un paso importante hacia la justicia y verdad que el pueblo sirio merece" y pidió a las autoridades que estos trabajos se lleven a cabo de forma "transparente, imparcial e inclusiva", al tiempo que trasladó su apoyo a los sirios "en su viaje hacia la paz, la estabilidad y la justicia".

En esta línea, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, argumentó que estos decretos son "pasos integrales para lograr un futuro mejor para todos los sirios" y aseveró que "la justicia de transición es vital para lograr una paz a largo plazo y una reconciliación" en el país asiático.

Sin embargo, ahondó en que "es imperativo" que este organismo "considere las violaciones y abusos llevados a cabo por todos los actores", ante la ausencia de referencias sobre investigaciones o acciones contra otras partes implicadas en la guerra en Siria, entre ellas grupos yihadistas --como Estado Islámico y HTS-- o rebeldes.

De hecho, los decretos de Al Shara limitan los trabajos a los crímenes de las autoridades encabezadas por Al Assad, dejando de lado a las víctimas de abusos y crímenes por parte de actores no estatales, al tiempo que no especifica cuáles serán las vías de participación de las víctimas en estos esfuerzos de justicia y rendición de cuentas.

En esta línea, el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente de la ONU (IIMP) --que apoya las investigaciones y procesos judiciales contra responsables de crímenes en Siria desde 2011, fecha del estallido del conflicto-- manifestó en un comunicado que el anuncio de Al Shara "es un importante primer paso para abordar los crímenes del régimen", si bien puntualizó que "dada la magnitud y complejidad de las violaciones cometidas en Siria, ningún proceso por sí solo será suficiente para brindar justicia integral e inclusiva a todas las víctimas y supervivientes".

CRÍTICAS POR LOS DEFECTOS DE BASE

En este contexto, Alice Autin, de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), destacó tras el anuncio que el mandatario del organismo "es peligrosamente limitado y excluye a muchas víctimas", antes de indicar que su éxito "dependerá de la transparencia, un marco basado en los derechos y una participación auténtica de las víctimas".

"Sin ello, incluso este esfuerzo crítico corre el riesgo de quedarse corto frente a las justificadas expectativas de las víctimas", afirmó recientemente, antes de apuntar que las recientes "atrocidades" en el país subrayan la necesidad "urgente" de un proceso "inclusivo" de justicia de transición "para todos los sirios, no sólo para algunos".

"El Gobierno sirio está en una encrucijada: puede embarcarse en un proceso verdaderamente centrado en las víctimas que reconozca los derechos de todos los supervivientes o perpetuar la exclusión y profundizar las divisiones", arguyó.

Por su parte, el fundador de la Red Siria para los Derechos Humanos, Fadel Abdulghani, dijo en su cuenta en la red social X que este sistema de transición debía haber sido aplicado por el Parlamento, no "a través de un decreto ejecutivo". "Un proceso con base legislativa garantiza la legitimidad constitucional, la representación inclusiva y salvaguarda la independencia y la credibilidad de la comisión", apuntó.

Asimismo, abogó por garantizar "el pluralismo y la representatividad" de este organismo --con un proceso de nominación integrado por representantes del aparato judicial, la sociedad civil y las víctimas-- para "reflejar la diversidad étnica, religiosa y política" del país.

El activista y abogado Gazuán Qarnful sostuvo en declaraciones al diario 'The New Arab' que el anuncio de Al Shara "es un paso en la buena dirección", si bien criticó que el mandato esté limitado a crímenes del antiguo régimen. "Esto da un sello de inocencia a (otros) asesinos, secuestradores y mercenarios que violaron las vidas, los derechos y la dignidad de muchos sirios", remarcó.

El proceso tiene una relevancia clave en el proceso de transición, especialmente ante las alarmas desatadas en marzo por los enfrentamientos y ejecuciones con tintes sectarios contra miembros de la minoría alauí tras un levantamiento armado encabezado por Suheil al Hasán, excomandante de una unidad de élite de las fuerzas de Al Assad.

De hecho, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este martes que existe el riesgo de que el país esté a "semanas" de "un colapso potencial y una guerra civil a gran escala de proporciones épicas", después de que Washington anunciara la semana pasada su decisión de retirar sanciones a Damasco y buscar una normalización de las relaciones con las nuevas autoridades de Siria, sumido en una grave crisis humanitaria y ante el espectro del conflicto y la partición.