Roma, 21 may (EFE).- El Tribunal Constitucional italiano examinó este miércoles en una audiencia la legitimidad de una ley aprobada por el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, que limita las labores de rescate de las ONG en el Mediterráneo y permite el bloqueo de sus barcos, como parte un recurso presentado por SOS Mediterranée.
"Pedimos que la ley sea declarada inconstitucional" ante "su naturaleza intrínsecamente criminal", afirmó ante la corte uno de los letrados de la ONG, Dario Bellucio.
La norma es "penalizadora y punitiva", y "debe eliminarse del ordenamiento jurídico porque entra en conflicto con obligaciones supranacionales y convenios internacionales que imponen la obligación de rescatar en el mar en cualquier caso y condición", argumentó.
El proceso se remonta a hechos sucedidos el 9 de febrero de 2024, cuando las autoridades impusieron el arresto administrativo del barco de SOS Mediterranée, el Ocean Viking, tras desembarcar en el puerto de Brindisi (sur de Italia) a 261 migrantes rescatados en alta mar.
Este bloqueo fue impugnado por la ONG, que presentó recurso ante el tribunal de Brindisi, que decidió elevar el caso a una cuestión de constitucionalidad sobre la ley.
"Sea cual sea la decisión del Tribunal", el hecho de que se haya celebrado una audiencia sobre el asunto ya lo hace algo "histórico", aseguró la directora de SOS Mediterranée Italia, Valeria Taurino.
Todo ello es parte de la lucha que grupos como SOS Mediterranée "ante los intentos del Gobierno de eludir el derecho internacional" o "el derecho humanitario", agregó.
La organización argumenta que la ley también viola principios constitucionales como el de proporcionalidad.
"Está en juego un principio jurídico fundamental: No se puede sancionar una conducta orientada a salvar vidas", considera.
La legislación bajo examen por el Constitucional fue aprobada en febrero de 2023 por vía de un decreto del ministro de Interior de Italia, Matteo Piantedosi, como parte de las medidas del Gobierno de Meloni para frenar la migración irregular.
El Ocean Viking fue bloqueado durante 20 días y la organización fue multada con 3.333 euros por haber supuestamente incumplido la normativa vigente en un rescate a 261 migrantes en el Mediterráneo frente a las costas de Libia que fueron desembarcados en Brindisi.
El llamado decreto 'Piantedosi' establece un régimen de sanciones que incluyen la detención administrativa de buques y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar, con multa de 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque.
Esta ley obliga a pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate, y también valida la asignación por parte de las autoridades italianas de puertos lejanos para el desembarco de migrantes, otro elemento que ha suscitado críticas de ONG y grupos humanitarios.
Estos años, las medidas establecidas por esta legislación se han aplicado a otras ONG de rescate como Médicos sin Fronteras (MSF). EFE
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