Dakar, 19 may (EFE).- La exministra senegalesa Ndèye Saly Diop compareció este lunes ante la Alta Corte de Justicia en Dakar, convirtiéndose en la primera de cinco antiguos ministros investigados por su supuesta implicación en la malversación de fondos públicos destinados a la lucha contra la covid-19 durante durante el gobierno del expresidente Macky Sall.
Diop, quien dirigió el Ministerio de la Mujer, Familia e Infancia entre 2017 y 2021, está acusada de haber desviado más de 52 millones de francos CFA (unos 79.000 euros), según un informe de la Corte Nacional de Cuentas.
Tras su declaración, fue puesta bajo control judicial y obligada a pagar una fianza de 57 millones de francos CFA (alrededor de 87.000 euros), aunque pudo regresar a su domicilio.
La comparecencia de Diop marca el inicio de un proceso judicial inédito en Senegal, en el que, por primera vez, la Alta Corte -habilitada constitucionalmente para juzgar a miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones- comienza a instruir causas impulsadas por el nuevo Ejecutivo del presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye.
La causa forma parte de la investigación sobre el denominado “escándalo de los fondos Covid”, desatado tras la publicación de una auditoría de la Corte Nacional de Cuentas, que reveló graves irregularidades en la gestión del fondo de respuesta y solidaridad contra los efectos de la pandemia, dotado con más de 1.500 millones de euros.
Parte de esos recursos habrían sido mal gestionados o desviados por responsables públicos, según el informe.
Además de Diop, otros cuatro exministros están siendo investigados, entre ellos Amadou Mansour Faye, extitular de Infraestructuras, cuya comparecencia ante la Alta Corte está prevista para los próximos días.
El caso ha generado gran atención mediática y reacciones encontradas entre la opinión pública senegalesa.
Mientras sectores afines al nuevo Gobierno celebran lo que consideran un avance en la rendición de cuentas, figuras de la anterior administración liderada por Sall (2012-2024) lo califican de “caza de brujas” con motivaciones políticas. EFE
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